EL fenómeno de la inmigración irregular constituye un grave problema, no solo nacional, cuyo tratamiento exige una elevada responsabilidad política y un firme sentido de Estado, ajeno a la manida demagogia que emplea la oposición para criticar la actuación del Gobierno. La entrada de ilegales en Ceuta y Melilla ha aumentado de forma muy sustancial en lo que va de año, superando las 5.700 personas hasta octubre, un 73 por ciento más a nivel interanual, tal y como publica hoy ABC. Y todo indica que se intensificará en los próximos meses, ya que alrededor de 2.000 subsaharianos se concentran en la frontera a la espera de cruzar ilegalmente. Parte de este incremento se explica por la llegada de ciudadanos sirios que huyen de la guerra, pero la mayoría de entradas se produce por los asaltos –cada vez más violentos– a las vallas fronterizas que han protagonizado 17.000 inmigrantes estos diez meses.

Es necesario frenar esta avalancha mediante la combinación de diversas medidas, tal y como, correctamente, está ejecutando el Gobierno. En primer lugar, habilitando oficinas de asilo para dar una mejor respuesta a los demandantes de protección internacional, pero también regulando debidamente la denominada «devolución en frontera», con el fin de reforzar la cobertura legal que ampara la legítima actuación en las vallas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir y repeler los asaltos. Sin embargo, y a pesar de que el Ejecutivo destinará más recursos a la mejora de los controles fronterizos en 2015, urge que la UE incluya entre sus prioridades la lucha contra las mafias y la inmigración irregular, prestando todo su apoyo político, jurídico y financiero a España para propiciar una entrada legal y ordenada a Europa, puesto que Ceuta y Melilla no son solo fronteras nacionales, sino comunitarias.