El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha apostado este viernes por cobrar una tasa por emitir informes de arraigo social y de habitabilidad a inmigrantes.

Ha propuesto en rueda de prensa cobrar al menos 45 euros por los de arraigo y 133 por los de habitabilidad, y ha asegurado que el Ayuntamiento ingresaría 650.000 si las aplicara.

Después de que el Consejo Municipal de Inmigración presentara en octubre un plan de 67 medidas, Fernández ha resaltado que el partido discrepa de nueve de ellas, porque “amplían los derechos y rebajan las obligaciones” de los inmigrantes.

Entre las propuestas del Consejo Municipal, figuran la flexibilización de criterios en la renovación y obtención de papeles y el rechazo a que se usen reseñas policiales para denegar solicitudes de residencia de larga duración, entre otras.

Fernández ha criticado que “favorezca el empadronamiento sin domicilio fijo”, y ha asegurado que en el último año han aumentado un 40% los inmigrantes empadronados en esta modalidad, pasando de los 3.246 en el 2013 a los 5.320 actuales.

Defiende que se deniegue el arraigo a inmigrantes irregulares que “además de no cumplir la ley, no cumplan las ordenanzas” y hayan sido sancionados por comportamientos incívicos.

“Barcelona debe ser acogedora pero a la vez exigente”, ha subrayado, y ha advertido de que estas medidas pueden provocar un efecto llamada y de que representan un agravio para los barceloneses que cumplen las normas.