El alcalde de Vitoria, Javier Maroto
(PP), hizo ayer a las ocho y
media de mañana, ante una enorme
expectación, el paseíllo de entrada
al Palacio de Justicia de Bilbao.
Declaraba ante la Fiscalía
vasca por «incitación al odio» y
«discriminación» a los extranjeros
después de que en julio afirmara
que los magrebíes viven de
las ayudas y no quieren trabajar.
A su entrada a los juzgados,
miembros de la plataforma SOS
Racismo le gritaron «racista» y
otros improperios. Una vez ante
el fiscal superior, Juan Calparsoro,
el alcalde no se retractó de sus
polémicas afirmaciones pero sí
negó en varias ocasiones que
practique una política xenófoba.
Negó incluso que incite la violencia
contra los inmigrantes tras
una pregunta expresa del ministerio
público. Defendió que su
campaña sobre las ayudas sociales
simplemente busca evitar
«abusos» en el sistema.
El interrogatorio duró aproximadamente
66 minutos. Un matiz:
Maroto no está imputado. Sólo
un juez puede hacerlo y ésa es
la decisión que ahora le toca tomar
a Calparsoro. En su mano está
si estima que la denuncia de
SOS Racismo –apoyada por el
PSE-EE de Vitoria con un escrito–
tiene base penal como para que
un juez siente en el banquillo de
los acusados al alcalde de la capital
vasca por «incitación al odio»
y «discriminación», dos tipos penales
castigados con prisión. Maroto salió de la vista «satisfecho
», según sus palabras. Aseguró
que pudo explicar a Calparsoro
su propuesta contra los
«abusos». Ante los periodistas
que le esperaron a la salida agregó
que es necesario que todos los
partidos –que han creado un cordón
sanitario alrededor de esta
campaña del PP– «se quiten la
venda de los ojos» y se mojen para
«revisar una norma» que abre
la puerta a numersos abusos, según
manifestó. Esa norma es la
Ley para la Garantía de Ingresos
de 2008, modificada en 2011 por
PSE-EE y PP precisamente
para que
los perceptores de
prestaciones en
edad y condiciones
de trabajar tuvieran
que verse obligados
o a aceptar un empleo
o, al menos, a
formarse para trabajar.
Maroto apadrina
una plataforma
llamada Ayudas+
Justas que
recogerá firmas para
elevar al Parlamento
Vasco esta
reforma legal.
Maroto repitió en
Bilbao algunos de
sus ejemplos que la
opinión pública de
Vitoria conoce ya
en torno a los «abusos
» e irregularidades
en Lanbide, el
servicio de empleo
que tramita las
ayudas sociales
desde diciembre de 2011. «Se
conceden sueldos vitalicios de
866 euros a personas en situación
irregular», manifestó. También
aludió a que «trabajadores que no
ganan 800 euros al mes, autónomos
y personas que han cotizado
a la Seguridad Social y que ahora
desconocen si cobrarán sus pensiones
» sufragan con su «esfuerzo
» el dinero que se pierde por el
fraude [ver cuadro adjunto].
En cuanto a la cuestión concreta
sobre el «racismo», Maroto insistió
en que no señala a los extranjeros
y habló de que «inmigración
no es igual a fraude». Es
más, en una de las varias entrevistas
que concedió ayer a medios
nacionales, argumentó que por su
condición sexual él jamás podría
atacar la diferencia.
¿Puede llegar a prosperar la denuncia
de SOS Racismo y comprometer
la campaña electoral de
Maroto? La respuesta la ofrecerá
Calparsoro en las próximas fechas.
Con toda probabilidad no
agotará el máximo legal de seis
meses de que dispone para estudiar
las denuncias ante la Fiscalía
y decidirá mucho antes si la sobresee
o, por el contrario, la trasladar al Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco –por la condición
de aforado de Maroto–.
Según las fuentes jurídicas
consultadas, el mejor precedente
para valorar lo que puede ocurrir
con Maroto es el caso del alcalde
de Badalona, también del PP. Xavier
García-Albiol fue procesado
por «incitación al odio» y «discriminación
» y terminó
absuelto por la
Audiencia Provincial
de Barcelona.
Esa causa se originó
en 2010, en
puertas de las anteriores
elecciones
municipales. García-
Albiol repartió
entonces unos folletos
por algunos
barrios de la ciudad
catalana, el
mayor feudo del
PP en aquella comunidad
autónoma.
En ellos se
vinculaba delincuencia
e inmigración
rumana. Allí
no sólo SOS Racismo
pidió una
condena, sino que
también lo hizo la
Fiscalía.
Aunque fue condenado
en primera
instancia por sus
opiniones sobre
los ciudadanos de
Rumanía, la Audiencia
archivó la
causa en segunda
instancia el pasado
verano fundamentalmente
porque
los delitos denunciados
requieren
de un animus iniurandi
o voluntad manifiesta de
atacar a un determinado colectivo.
«Ni el folleto ni las manifestaciones
anteriores o posteriores de
Xavier García-Albiol constituyeron
una incitación a realizar ningún
acto [contra los extranjeros]
», concluyó aquella sentencia
sobre la que podría pivotar la resolución
del caso de Maroto.