Bilbao – Acompañado de su mano derecha y de su abogado, Javier Maroto llegaba poco antes de las 8.30 horas de ayer al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para comparecer ante el Fiscal Superior por un delito de incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros, a raíz de una denuncia presentada por SOS Racismo. Antes de entrar, el alcalde de Gasteiz aprovechó la atención mediática que obtuvo su declaración para incidir en su discurso de las últimas semanas y cargar contra el resto de partidos políticos por no apoyar su cruzada. “Pido a todas las formaciones que se quiten la venda de los ojos y revisen una norma que permite el abuso y que haya personas que delinquen por la mañana y por la tarde cobren la RGI, que concede sueldos vitalicios de 866 euros a personas en situación irregular”, manifestó.

Maroto apuntó que el fraude está cifrado en más de 20 millones de euros – citando una respuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales a una pregunta del PP en el Parlamento Vasco – y criticó que ese dinero sea sufragado por “trabajadores que no ganan 800 euros al mes, autónomos y personas que han cotizado muchos años a la Seguridad Social y que ahora desconocen si cobrarán sus pensiones”.

Respecto a las declaraciones objeto de la denuncia, cuando aseveró que muchos inmigrantes “viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”, y tachó de “escandaloso” el caso de ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria, Maroto recalcó ayer que “nada más lejos” de su voluntad que “se criminalice a todos los inmigrantes por igual”, según informaron Efe y Europa Press.

En su declaración ante el Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, dijo que no había querido criminalizar a los inmigrantes ni incitar “a la violencia”, porque él condena “cualquier tipo de acto violento, sea cual sea la motivación”.

Rechazo A su llegada al Palacio de Justicia de Bilbao, el alcalde gasteiztarra escuchó gritos de “racista y fascista” por cerca de una decena personas que le esperaban en los alrededores. Junto a una pancarta que proclamaba “no a la criminalización de la pobreza”, se encontraba también el portavoz de SOS Racismo Araba, Fede García, que animó a “parar el tsunami de criminalización de la exclusión social” con una moción de censura a Maroto tras sus declaraciones “racistas y excluyentes” por las que, a su juicio, tiene que ser “sancionado porque están causando daño a la sociedad vasca”.

Fede García rechazó el mensaje de que vienen ciudadanos a “vivir del cuento” y son unos defraudadores, e indicó que lo que tiene que hacer el PP es “limpiar su propia casa” y asumir la responsabilidad de “dar soluciones a los problemas reales que tiene la ciudadanía”. Además, el responsable de SOS Racismo aseguró que a Maroto “quizá” le viene “mejor estar en titulares de prensa” hasta el día de las elecciones.

A juicio de Javier Maroto, su presencia ayer en sede judicial suponía “el mundo al revés” porque “resulta que la asociación que ha reconocido públicamente empadronamientos ficticios masivos de magrebíes en Gasteiz en sus propias lonjas, con el único objetivo de que, sin vivir en la ciudad, tuvieran la antigüedad suficiente para cobrar la RGI”, es la que le denuncia “por descubrir el fraude en las ayudas sociales”. Asimismo, también condenó “profundamente” declaraciones como las que SOS Racismo “y quienes les secundan” han hecho contra él.

evitar los cambios Javier Maroto apuntó que “todo eso está permitido porque el resto de partidos políticos no desean modificar la norma de la RGI, y quien más responsabilidad tiene, no es quien accede a la RGI de esa manera, sino quienes se obcecan en decir: No y punto, como han hecho el señor Andoni Ortuzar o Juan María Aburto a la propuesta de mejorar la normativa de RGI para eliminar las situaciones de abusos que todo el mundo sabe que se producen y que ellos insisten en no modificar”. A su juicio, “en el caso del fraude, el responsable es el que hace el fraude”, pero, “en el caso de los abusos, como permitir que delincuentes cobren la RGI o que personas en situación irregular accedan a la RGI, los responsables son los que permiten que esa norma siga en vigor”.

Antes de regresar a la capital alavesa, Maroto resaltó que la normativa sobre ayudas sociales del País Vasco “no se adapta” a lo que se está regulando en países como Dinamarca, Suecia o Noruega, donde un requisito “imprescindible” para acceder a las ayudas es disponer de residencia “legal y habitual”, ni tampoco “al principio básico de solidaridad”, ya que “muchas personas quedan fuera de la RGI, mientras que otros acceden sin dificultad”. Apuntó que “en toda Europa se están modificando los sistemas de prestaciones sociales para hacerlos más solidarios y que lleguen a las personas que lo necesitan”.

Preguntado por si cree que se debe archivar la causa que ayer le llevó a declarar, Maroto señaló que se trata de algo que deber determinar el Fiscal Superior, y aseguró que respetará “profundamente” su decisión, sea cual sea. “Estoy satisfecho por la declaración porque me ha permitido, una vez más, volver a explicar que lo que estoy diciendo, ayudas sí, abusos no, sea quien sea el que los comete”, reiteró.