Bilbao – El sindicato ELA considera que tanto el actual sistema de prestaciones sociales como la dotación económica que el Gobierno vasco ha previsto para estas ayudas en 2015 (482 millones de euros) “son insuficientes” para erradicar la pobreza en Euskadi y llegar a todas las personas en situación de exclusión. Adolfo Muñoz Txiki, secretario general de ELA añadió que los recortes en las prestaciones buscan que los más desfavorecidos “terminen aceptando contratos miserables” y advirtió de que gobiernos y partidos políticos propician el enfrentamiento entre los pobres para eludir su responsabilidad en el empobrecimiento de la población. También alertó sobre el riesgo de que la xenofobia, que es una manifestación de ese enfrentamiento de pobres contra pobres, germine y cale en la sociedad.

Txiki Muñoz expresó ayer su “preocupación” por el aumento de las desigualdades sociales “como consecuencia de las políticas de ajuste”, así como por “la ingente capacidad de propaganda de los gobiernos” que se presentan “como los grandes defensores de la justicia social” al mismo tiempo que “intentan destruir las prestaciones” y criminalizan a sus perceptores. El secretario general de ELA alertó de que las medidas políticas dibujan un futuro en el que “habrá miseria en el mundo del trabajo” y enfrentamiento entre pobres. En este sentido, recordó que en muchos países de Europa – como Francia, Reino Unido o Dinamarca – ya se está viendo que los trabajadores son manipulados y votan a partidos de ultraderecha. Ante esa situación, hizo un llamamiento al trabajo “interno” de todas las organizaciones políticas y sociales vascas porque “ningún colectivo social está exento de que la xenofobia germine en su seno”.

Junto a Muñoz, el responsable del área social de ELA, Mikel Noval, y Janire Landaluze, del gabinete de estudios del sindicato, reclamaron una mejora sustancial de la cobertura del sistema de prestaciones sociales de la CAV, tanto en su cuantía como en los colectivos sociales que pueden acceder a ellas. Dentro de la RGI plantearon también un aumento de las escalas aplicables a las unidades convivenciales de más de un miembro y que la cuantía de esta renta no esté por debajo del umbral de la pobreza. Además, ELA quiere que las AES sean un derecho subjetivo no sujeto a disponibilidad presupuestaria.

ELA, que participa en la elaboración y difusión de la Carta de derechos sociales de Euskal Herria, vincula la financiación de unas ayudas más generosas y amplias con la erradicación del fraude y de la brecha fiscal con Europa. Según indicó Txiki Muñoz, el nivel de recaudación fiscal de Euskadi está más de 4.600 millones de euros por debajo de la media europea.

Otro aspecto del modelo social vasco que criticaron los representantes de ELA fue la situación de Lanbide, que se encarga de gestionar la RGI y la PCV “sin medios” y ahora se centra en fiscalizar ayudas. – B. Sotillo