El presidente de EE.UU., Barack Obama, presentará la semana próxima las famosas órdenes ejecutivas sobre inmigración que había prometido en agosto y que debió aplazar a petición de su partido para no entorpecer su horizonte electoral. La aprobación de esas leyes, al margen del Congreso, va a suponer el primer enfrentamiento con los republicanos tras los resultados de los comicios del pasado día 4. Hay que tener en cuenta que el miércoles pasado, tras su victoria en las urnas, el futuro líder del Senado Mitch McConnell describió gráficamente lo que significaría que Obama decidiera finalmente firmar esas órdenes. «Sería como poner un trapo rojo delante de un toro», afirmó.

El presidente presentará, probablemente el viernes de la semana que viene, un plan de diez acciones sobre inmigración. La más importante de todas es la que extiende la llamada acción diferida a varios millones de inmigrantes que en la actualidad viven en EE.UU. sin visado. La acción diferida es la ley que, también al margen del Congreso, aprobó Obama hace dos años y que supuso la legalización de cientos de miles de jóvenes que habían entrado de pequeños en el país. La intención ahora es incluir en esa misma ley a los inmigrantes que han tenido hijos en EE.UU. y a los familiares de ciudadanos con permiso de residencia permanente. La medida podría afectar, y evitar la deportación, a cinco millones de personas.

La norma prevé que esas personas dejen de estar inmediatamente bajo la amenaza de la deportación y también que obtengan permiso de trabajo, número de la seguridad social y acceso a la identificación legal del Gobierno. El resto de puntos tiene que ver con una extensión de la acción diferida en el tiempo. La que está actualmente en vigor afectaba a los jóvenes que habían entrado al país antes del año 2007 y la nueva fijará la fecha límite en 2010. Se incluyen también cuestiones sobre seguridad en la frontera y una subida de sueldo para los funcionarios de emigración y aduanas, además de la continuación con las deportaciones de criminales, pandilleros y terroristas.

La aparición de noticias sobre la inminencia de las órdenes ejecutivas ha puesto en pie de guerra a los republicanos. Un grupo de más de cincuenta conservadores, liderados por Ted Cruz, que es uno de los republicanos más extremistas, presentó ayer al Congreso una carta para que se paralice toda entrega de fondos a las agencias del Gobierno que tengan como destino final la aplicación de las nuevas órdenes. La fórmula que los republicanos proponen para detener esas entregas es bloquear los  fondos públicos, lo que podría llevar, otra vez, a la paralización de la Administración.

No obstante, según la Casa Blanca, Obama y sus asesores creen que los republicanos no llegarán a tanto.