El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha asegurado ante el Fiscal
Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que no ha querido criminalizar a los
inmigrantes ni incitar “a la violencia”, porque él condena “cualquier tipo de
acto violento, sea cual sea la motivación”, sino que su intención ha sido
denunciar los fraudes en la percepción de las ayudas sociales, como en la Renta
de Garantía de Ingresos (RGI).

BILBAO. – En su declaración ante la Fiscalía por la denuncia interpuesta contra Maroto
por “incitar al odio” hacia los inmigrantes, Maroto ha asegurado que “nada más
lejos de su voluntad” que la idea de “criminalizarles”. “El fraude en las ayudas
sociales no distingue de razas ni religiones ni franjas de edad ni género ni
número de miembros de la unidad familiar”, ha asegurado.

De esta forma, ha justificado sus palabras del pasado mes de julio cuando
afirmó que los magrebíes “viven principalmente de las ayudas sociales, que no
tienen ningún interés en trabajar o integrarse”, y que era “escandaloso” el caso
de ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en la capital
alavesa.

GOBIERNO VASCO “He tenido la oportunidad de explicar cómo los datos y las afirmaciones que
hice en el mes de julio han sido, después, ratificadas por los propios datos del
Gobierno vasco en todos los aspectos, en el de los porcentajes de los diferentes
colectivos que perciben la RGI, también en la sensación de que la percepción de
la RGI contiene fraudes. Hoy el Gobierno vasco ha reconocido que, en una de cada
cuatro ayudas revisadas, existen incumplimientos o fraudes”, ha explicado.

En esta línea, ha indicado que, mientras él comparece ante el Fiscal porque
SOS Racismo le ha denunciado “por descubrir el fraude”, el Gobierno vasco “ha
hecho público que el dato de fraude es de 20.300.000 euros”.