BILBAO. A las ocho y media de la mañana llegaba Maroto acompañado de otra  persona y, cuando iba a acceder a la sede judicial, fue increpado por  alrededor de una decena de personas que se habían concentrado en el  lugar con una pancarta en la que se leía: “No a la criminalización de  la pobreza”. Entre ellos, se encontraba el portavoz de SOS Racismo  Araba, Fede García.

Con todo,  Javier Maroto ha acusado hoy al resto de partidos políticos de “conocer y consentir” el fraude en las ayudas sociales, después de comparecer ante el Fiscal Superior Vasco por una denuncia presentada por SOS Racismo por incitación al odio y contra los derechos de los extranjeros.

“Pido a todas las formaciones que se quiten la venda los ojos y que revisen una norma que permite que haya personas que delinquen por la mañana y por la tarde cobran la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y que concede sueldos vitalicios de 866 euros a personas en situación irregular”, ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

Ha destacado que el fraude esta cifrado en más de 20 millones de euros – según informó el departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales a una pregunta del PP en el Parlamento Vasco – y ha criticado que ese dinero sea sufragado por “trabajadores que no ganan 800 euros al mes; autónomos y personas que han cotizado muchos años a la Seguridad Social y que ahora desconocen si cobrarán sus pensiones”.

Maroto ha comparecido durante algo más de una hora ante el fiscal Javier Calparsoro en el Palacio de Justicia de Bilbao, a donde ha llegado caminando a las 8:30 horas de la mañana.

Varias decenas de personas, convocadas por SOS Racismo, le han recibido a las puertas del Palacio de Justicia con gritos de “racista”, “sinvergüenza” y “Maroto, vas a caer”, y portando una pancarta en la que se leía “No a la criminalización de la pobreza. En defensa de los derechos sociales”.

Esta organización presentó una denuncia contra el primer edil vitoriano por decir que muchos inmigrantes “viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”, y tachó de “escandaloso” el caso de ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en <Gasteiz.