El Parlamento pone coto a la reforma de las ayudas del PP

Sólo accede a estudiar una de las siete modificaciones propuestas por Maroto

El Mundo, IKER RIOJA ANDUEZA VITORIA, 08-11-2014

Si de algo sirvieron las más de siete
horas de debate en el Parlamento
Vasco, que celebró ayer una sesión
monográfica sobre paro y pobreza a
instancias de EH Bildu, fue para conocer
hasta dónde están dispuestos
a llegar los partidos políticos en la reforma
de las ayudas sociales que
plantea el PP y que abandera el parlamentario
y alcalde de Vitoria Javier
Maroto. De los siete puntos esbozados
por Maroto hace un mes para
combatir los «abusos» entre los perceptores
de renta de garantía de ingresos,
PNV, EH Bildu y UPyD, que
hace una semana boicotearon en la
Cámara la presentación de estas medidas
a cargo del propio alcalde, sólo
accedieron ayer a revisar el cómputo
del patrimonio de los solicitantes
de prestaciones para evitar que
personas sin ingresos no puedan obtener
una ayuda económica. Los populares
interpretaron como una
«broma» que el resto de formaciones
no accediera a un debate profundo
sobre la Ley de Garantía de Ingresos
cuando, según expuso Laura Garrido,
«es evidente que las cosas no funcionan
en Lanbide», por lo que se
negaron a votar a favor de su propia
medida.
Aunque inicialmente la presidenta
de la Cámara, Bakartxo Tejeria,
aseguró que esa resolución se había
aprobado por unanimidad –votar
149 resoluciones a mano alzada, bastantes
de ellas varias veces por los
empates, no le resultó nada fácil ni a
ella ni a los otros 72 diputados presentes–,
la realidad es que el PP se
negó a apoyarla. El texto refrendado
por PNV, EH Bildu, PSE-EE y UPyD
aboga por «no considerar inmueble
a los efectos de denegación de la
prestación aquellos inmuebles distintos
a la vivienda habitual que no sean
[segunda] vivienda y que tengan
un valor inferior al importe anual de
renta de garantía de ingresos que correspondería
». Es decir, se trata de
dar solución, por emplear el ejemplo
que repite Maroto, «a la persona mayor
que tiene una huerta, una finca
rústica, además de su vivienda y que
es rechazada [en Lanbide, servicio
vasco de empleo que tramita las
prestaciones sociales] por tener patrimonio
».
El Parlamento también aprobó,
sin que el PP entrara a valorarlo por
considerarlo insuficiente, algunos
ajustes en el sistema de tramitación
de las ayudas sociales, como evitar
suspensiones en caso de ingresos en
el hospital superiores a un mes o facilitar
el cobro de la renta de garantía
de ingresos incluso cuando alguien
tenga un empleo siempre que
el empresario «no esté pagando el
salario que le corresponde». A lo que
no se opuso el partido de Maroto
–que tan sólo asistió a las votaciones
y no al debate previo– es a un texto
propuesto por PSE-EE y UPyD para
prestigiar el sistema vasco de protección
social, el mejor de España.
Desde el PP entendieron perfectamente
que esa resolución a favor de
la «solidaridad» y en contra de la
«instrumentalización partidaria» y
las «estigmatizaciones de los extranjeros
» era una crítica velada a la
campaña de Maroto, que en julio señaló
a los magrebíes por «vivir de las
ayudas» y no querer trabajar. Pero
no quisieron regalar a sus rivales políticos
una fotografía de los nueve diputados
populares –Arantza Quiroga
no estaba presente– oponiéndose a
una crítica al racismo o a los «recortes
» sociales y votaron sí, con lo que
el texto en defensa del sistema vasco
de protección social pudo salir adelante
por unanimidad. La imagen
que sí salió del pleno fue al PSE-EE
votando por sistema contra todas las
iniciativas del PP (48), precisamente
en protesta por sus políticas.
La polémica en torno a la renta de
garantía de ingresos copó buena parte
de la sesión. El propio consejero
de Empleo y Políticas Sociales, Juan
María Aburto, que aprovechó el pleno
para presentar los datos del Estudio
sobre pobreza y desigualdades
sociales elaborado por el Gobierno,
dedicó su intervención a la materia.
Aburto destacó que si el País Vasco
tiene mejores indicadores económicos
que el resto de España es precisamente
por el «impacto positivo» de
las ayudas sociales, calculado en dos
puntos del PIB.
Según los datos de ese informe,
sin prestaciones sociales como las
vascas «el 10% más pobre no habría
perdido [en la crisis] un 13,4% de sus
ingresos, sino un 25,7%». Aburto recordó
que mientras las familias aportan
el 6,9% de los fondos de quienes
no tienen recursos, la renta de garantía
de ingresos cubre el 42% de
sus necesidades. «Frente a un 9,3%
de personas situadas por debajo del
40% de la media de ingresos en España,
la proporción es del 3% en
Euskadi», se felicitó el consejero.
Aburto hincó también el diente a
la polémica sobre los «abusos» y los
extranjeros en el cobro de ayudas sociales
abierta por Maroto. En indisimulada
referencia al PP, el consejero
criticó que «algunos» sientan la «tentación
» de «resolver el problema de
la concentración de la pobreza en la
población extranjera forzando su salida
de Euskadi». «Es algo que no podemos
aceptar desde meros principios
éticos y de solidaridad», agregó.
Negó, por otro lado, que exista
«efecto-llamada» hacia el País Vasco
al contar con las mejores prestaciones
de garantía de ingresos de España
y aseguró que si los inmigrantes
han seguido llegando a la comunidad
autónoma mientras avanzaba la
crisis no era por los subsidios sino
porque el mercado laboral vasco se
ha comportado de mejor manera y
ésta ha seguido siendo una «tierra de
oportunidades». Apuntó, asimismo,
que si hay más proporción de foráneos
en Lanbide no es porque se les
privilegie, sino porque la pobreza es
mucho más alta para ellos (36,2%)
que para los nacionales (4%).
El consejero de Empleo y Políticas Sociales Juan María Aburto, ayer, durante el pleno monográfico celebrado en el Parlamento Vasco. ARABA PRESS
El Parlamento pone coto a la
reforma de las ayudas del PP
Sólo accede a estudiar una de las siete modificaciones propuestas por Maroto
149 medidas propuestas por
los cinco partidos del
Parlamento Vasco y 53
resoluciones aprobadas. Ése
fue el balance del pleno
monográfico sobre paro y
pobreza, similar al celebrado
hace año y medio y que acabó
con críticas a la llegada de
Mercadona, que desde
entonces ha abierto tres
centros en Vitoria y prepara
más inauguraciones. Políticos
de distinto signos dudaron de
la utilidad de la jornada en
vista de los precedentes y
cansados tras siete horas de
sesión rematadas con una
larga votación a mano alzada
de las 149 propuestas. Entre
los acuerdos destacados uno
impulsado por el PNV: la
«revisión de los baremos de
adjudicación de las VPO en
régimen de arrendamiento»
para ajustarlos a los ingresos,
a la antigüedad o al número de
miembros de la familia. No
faltaron los clásicos: la
Cámara volvió a pedir (por
enésima vez) la derogación de
la reforma laboral. Aunque
esta vez el PNV no repitió su
recurrente iniciativa para
reclamar una Seguridad
Social vasca. Se puede
considerar triunfadores del
debate a UPyD y PSE-EE, que
fueron los que más iniciativas
lograron colar. El PSE-EE, sin
embargo, vio cómo el PNV
tumbaba la creación de un
fondo interinstitucional «para
la cohesión y calidad del
sistema vasco de servicios
sociales» aunque esté
recogido en el acuerdo
firmado por ambos partidos el
año pasado. Durante la larga
sesión, el consejero Juan
María Aburto presentó
también el balance preliminar
del plan de empleo de 2014.
Según sus datos, se han
generado «10.676 puestos de
trabajo» y se han mantenido
otros 44.876». Asimismo,
119.351 personas habrían
recibido «apoyo en el aumento
de la empleabilidad».
LA CÁMARA ACUERDA
REVISAR EL BAREMO
PARA LAS VPO
Los ‘populares’, a
favor de combatir la
«estigmatización»
de los extranjeros
La pobreza entre los
inmigrantes es del
36% y entre los
nacionales baja al 4%

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