Como los imputados pero sin estarlo,
el alcalde de Vitoria, Javier
Maroto (PP), hará hoy a primera
hora el paseíllo que conduce a
los juzgados de Jardines de Albia,
en Bilbao. Está citado a declarar
en la sede de la Fiscalía
superior. El fiscal Juan Calparsoro
le interrogará tras una denuncia
de SOS Racismo, que consideró
que sus palabras críticas
contra los magrebíes –les acusó
de vivir de las ayudas sociales y
de no querer trabajar– constituyen
«discriminación» o «incitación
al odio». Maroto, que no se
ha retractado, negará los hechos
como hizo en un escrito que ya
envió a Calparsoro.
El objetivo de su campaña sobre
las ayudas sociales es una
«buena administración de los recursos
públicos» y no el señalar
a los extranjeros, expone en ese
documento difundido ayer por
Europa Press. Ese informe de
Maroto alude al «efecto llamada
» que generan las prestaciones
y aporta datos de Vitoria. En
concreto, apunta a que entre
septiembre de 2013 y febrero de
2014 1.358 nuevas «unidades
convivenciales» se dieron de alta
en el padrón.
Entretanto, la secretaria general
del PP vasco, Nerea Llanos,
envió un comunicado congratulándose
por la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea
que valida que Alemania
retire prestaciones a una inmigrante
rumana que no mostraba
voluntad por obtener un empleo.
Llanos valoró que refrenda la
apuesta de modificación de las
prestaciones de Maroto y del PP,
que se articulará desde enero
con una recogida de firmas impulsada
por la plataforma «apolítica
» Ayudas+Justas.
Llanos apuntó que los extranjeros
tienen que «integrarse» en
el país de acogida y criticó los
«abusos». «Pedimos revisar el
sistema para evitar abusos como
el denunciado por Alemania y
que el Tribunal de Luxemburgo
ha avalado», dijo Llanos. El PP
ya pactó con el Gobierno del
PSE-EE una reforma de las ayudas
sociales en 2011 precisamente
para llevar a Lanbide la
renta de garantía de ingresos y
que ésta quedara vinculada al
empleo y a la formación.
Por otro lado, 16 entidades sociales
católicas de Bizkaia como
Cáritas criticaron la estrategia de
Maroto. «Apostamos por un sistema
de protección social consolidado
y asegurado económicamente,
por su mejora técnica y
ampliación», indicaron estas organizaciones
de la Iglesia.