La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha propuesto este miércoles varias medidas para que las personas que han quedado excluidas de la sanidad pública con la última reforma del Gobierno puedan acceder a ella.

La Taula, que agrupa a casi 4.000 entidades catalanas, ha publicadoeste miércoles un “informe sobre el derecho al acceso al Sistema Público de Salud por parte de las personas extranjeras inmigradas en Catalunya”, en el que recoge la grave situación de las personas que se han quedado sin cobertura sanitaria.

Según el informe, “el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, con independencia a la situación administrativa de la persona”.

El informe denuncia que como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril de 2012, ciertos colectivos se han quedado sin ningún tipo de asistencia sanitaria en Catalunya y en España, lo que, a su juicio, “vulnera el principio de equidad que hasta ahora guiaba las políticas de salud en España”.

El trabajo de las entidades sociales, con las que ha colaborado el Hospital Sant Joan de Déu, confirma que los colectivos más afectados han sido principalmente las personas inmigradas no comunitarias en situación administrativa irregular, los parados de larga duración que puedan perder la residencia y los jóvenes en situación de desempleo que no son beneficiarios de sus padres.

También están afectados los ascendientes de nuevos nacionalizados que han sido reagrupados y que ahora no tienen posibilidades de acceso ya que para conseguir la autorización de residencia deben acreditar recursos suficientes.

Igualmente están excluidos de la sanidad pública las personas que requieren de tratamiento sanitario antes de los tres meses de empadronamiento.

El informe reconoce que la instrucción del Departament de Salud para regular en Catalunya el acceso a los servicios públicos de salud ha permitido acceder a algunos colectivos.

“Pero en la práctica siguen existiendo una serie de normas que condicionan y limitan el acceso a miles de hombres y mujeres, adultos y niños, que no tienen su situación administrativa regularizada o que no disponen de domicilio fijo y, por tanto, no pueden empadronarse , requisito imprescindible para la tramitación de la Tarjeta Sanitaria Individual”, según el informe.

En la práctica, según el informe, “han creado un conjunto de situaciones en las que un número considerable de personas no pueden acceder en condiciones de igualdad y equidad a los servicios públicos de salud”.

Por ello, las entidades sociales han trasladado a los departamentos de Salud y de Bienestar Social y Familia varias propuestas para minimizar este problema.

Entre ellas, piden eliminar el requisito del certificado de no ser asegurado o beneficiario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y sustituir el requisito de antigüedad en el padrón municipal por cualquier otro documento, válido en derecho, dando valor a los informes emitidos por las entidades sociales.

También piden que las mujeres embarazadas, los menores, las víctimas de tráfico de personas y los solicitantes de protección internacional sean incluidos y atendidos, y que cese la facturación y cobro de las visitas a urgencias de personas extranjeras en situación irregular sin Tarjeta Sanitaria Individual (TSI).

La Taula del Tercer Sector ha recordado que “es necesario poder garantizar la cobertura universal sin ningún tipo de exclusión para toda la población, independientemente de su situación administrativa y con todas las garantías necesarias en relación al reconocimiento y ejercicio de derecho que conlleva”.