Qatar no está haciendo lo suficiente para atajar la explotación de los trabajadores extranjeros que permite su legislación laboral, denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe que publica hoy miércoles. En No hay prórroga: Cómo Qatar está fallando en los derechos de los trabajadores ante la Copa del Mundo, la organización de derechos humanos pone en duda el compromiso de las autoridades cataríes y asegura que no se han producido avances desde que hace seis meses anunciaron reformas. El informe coincide con la revelación de que obreros norcoreanos trabajan en Qatar en condiciones de esclavitud para proporcionar divisas al régimen de Pyongyang.

“Es una prueba más de que está fallando la protección a los derechos de los inmigrantes”, señala a EL PAÍS James Lynch, responsable de Negocios y Derechos Humanos de AI, quien afirma carecer de información específica sobre ese caso. “Cualquier empresa que contrata trabajadores a través de una agencia de empleo norcoreana debería tener un plan de prevención de abusos, pero desafortunadamente este tipo de planes no son lo habitual”, añade en conversación telefónica.

Unos tres mil obreros norcoreanos trabajan en condiciones de esclavitud en las obras de Qatar sin recibir un sueldo a cambio, según un reciente artículo de The Guardian. Aunque las agencias estatales de su país que los colocan aseguran que parte de los salarios se envían a sus familias en Corea del Norte, las declaraciones de varios trabajadores parecen indicar otra cosa. Fuentes de la disidencia afirman que el régimen de Pyongyang se queda al menos con el 90% de lo que ganan. El diario británico menciona cuatro obras en el nuevo barrio de Ciudad Lusail en las que trabajan obreros norcoreanos, pero no ha encontrado indicios de que estén implicados en la construcción de estadios para el Mundial.

Fue precisamente la designación de Qatar como sede de la Copa del Mundo de 2022 la que puso a ese pequeño pero rico país en el punto de mira de numerosas organizaciones internacionales. Con una población autóctona de apenas 300.000 personas, el emirato ha duplicado desde entonces sus habitantes hasta alcanzar los dos millones. Los extranjeros suponen el 94% de la fuerza laboral. La mayoría son obreros no cualificados procedentes de Asia. AI, Human Rights Watch, sindicatos e incluso la ONU han denunciado la explotación de esos inmigrantes contratados para levantar las infraestructuras y servicios que exige el proyecto.

Ante la presión internacional, los propios responsables cataríes terminaron reconociendo los abusos a los inmigrantes. A finales de 2013, contrataron al bufete DLA Piper para que llevara a cabo una investigación independiente al respecto. El pasado septiembre, el propio emir, el jeque Tamim Bin Hamad al Thani, se declaró “personalmente herido con la situación” durante una entrevista con la CNN. Sin embargo, AI asegura que el Gobierno de Doha no ha llevado a cabo ninguna de las reformas prometidas.

El informe de AI se centra en el sistema de patrocinio, conocido en árabe como kafala, que ata a los trabajadores a la persona que les emplea y les pone en peligro de ser explotados. El empleador se convierte en el dueño del obrero al quedarse con su pasaporte y tener la potestad de firmar o no el obligatorio permiso de salida del país, que AI considera “una violación descarada de los derechos humanos”. La reforma avanzada por Qatar, y que aún no ha entrado en vigor, es apenas un maquillaje que sustituye la firma del empleador por una autorización electrónica.

Además no hay suficiente control sobre el cumplimiento de los contratos y a menudo, los obreros cobran menos de lo estipulado, trabajan sin las medidas de seguridad mínimas y se ven obligados a vivir en condiciones deplorables. Al estar prohibidos los sindicatos, carecen de vía de reclamación y el recurso a la justicia es muy caro.

“Qatar tiene que actuar de forma urgente porque el ritmo de contratación es muy elevado y los plazos para acabar los proyectos muy justos”, subraya Lynch. “En los cuatro años que han pasado [desde que consiguió el Mundial] no ha habido cambios significativos en la legislación o en mejoras en la gestión de la fuerza laboral”, concluye. AI planea efectuar una nueva revisión dentro de seis meses.