El grupo de entidades sociales de la Iglesia de Bizkaia, integrado por 16 organizaciones, entre ellas Cáritas y la Fundación Ellacuría, alertó ayer contra los «estereotipos, estigmatizaciones y alarmismos infundados» sobre colectivos que perciben la renta de garantía de ingresos (RGI). Las asociaciones hicieron pública la denuncia, y defendieron la prestación económica, en un comunicado en el que aluden, sin citarlo, al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP, que acusó a los magrebíes de querer vivir de las ayudas y propone endurecer el acceso a la RGI de forma general, tanto a españoles como a extranjeros. Maroto ha sido citado mañana en Bilbao por la Fiscalía Superior del País Vasco por una denuncia de SOS Racismo por presunta incitación al odio.

«Apostamos señalan las entidades de la Iglesia por un sistema de protección social consolidado y asegurado económicamente; por su mejora técnica y ampliación, reconociendo que en el caso de existir disfunciones deben ser corregidas en clave de ampliación y mejora, nunca de recorte».

El comunicado es similar a un acuerdo aprobado por el Parlamento vasco el pasado viernes tras el debate sobre la pobreza. Todos los grupos pidieron reforzar la protección social y criticaron que se señale a grupos concretos. Igual que ellos, las entidades de la Iglesia subrayan que la RGI es una expresión de «solidaridad» que no merece «debates superficiales». «Necesitamos para seguir avanzando continúan debates serenos y fundamentados sobre cómo queremos seguir construyendo una sociedad cohesionada, justa, solidaria y fraterna».