Siete años después del inicio de la
crisis, se puede decir que Europa ha
sobrevivido. La recesión, el paro, el
aumento de la desigualdad y la fragmentación
norte-sur amenazaron la
existencia de la Unión y del euro. Pero
aunque lo peor parece que se ha
superado, han quedado grietas muy
profundas. Hay problemas de integración,
de discurso, de fondo. La
nueva Comisión habla de buscar y
articular una «nueva narrativa», pero
la realidad es que, superado lo urgente,
es el momento de lo importante.
Y ahí, los tratados, el marco
sobre el que se construye la UE, no
bastan tal y como están.
Dos casos que afectan a Alemania
y a Reino Unido, simbolizan la debilidad
del cómo es y cómo será la UE.
Ayer, el Tribunal Europeo de Luxemburgo
dio la razón a Berlín al considerar
que «los ciudadanos de la
Unión que no ejerzan una actividad
económica y que se trasladen a otro
Estado miembro con el único objeto
de obtener una ayuda social pueden
ser excluidos de la percepción de determinadas
prestaciones sociales».
La alta corte respondía así a la demanda
de una ciudadana rumana,
residente en Leipzig, a la que los servicios
de empleo alemanes denegaron
la Hartz IV, una prestación de
400 euros al mes para personas sin
ingresos, por no haber trabajado antes
ni haber mostrado intención de
hacerlo. El Tribunal de Justicia ratifica
que, para acceder a determinadas
prestaciones sociales, «los nacionales
de otros Estados miembros sólo
pueden reclamar la igualdad de
trato respecto de los nacionales del
Estado de acogida si su estancia
cumple los requisitos de la Directiva
ciudadano de la Unión». Y es que
esa Directiva establece que los estados
de acogida, por ejemplo, «no están
obligados a conceder prestaciones
de asistencia social durante los
tres primeros meses de residencia».
No es cuestión baladí. El acervo
comunitario, en uno de los temas
más delicados, fija los mecanismos
para impedir que los ciudadanos de
la Unión «que no ejerzan una actividad
económica utilicen el sistema
asistencial del Estado miembro de
acogida para garantizar su subsistencia
». Y con la sentencia de ayer, el
tribunal ayuda al Ejecutivo y marca
la frontera que la UE puede considerar
admisible en un momento crítico,
con partidos radicales y que flirtean
con la xenofobia creciendo desde Inglaterra
a Hungría pasando por Italia,
Francia o Dinamarca.
La portavoz de la Comisión, Mina
Andreeva, celebró ayer el fallo porque
viene a ratificar la postura de la
institución, esto es, que no existe «un
derecho a acceder libremente a los
sistemas de asistencia social de los
Estados miembros». Para Andreeva,
el dictamen aporta más claridad sobre
los derechos de los ciudadanos
de la UE y sus familias respecto al
acceso a los beneficios sociales
cuando residen en otro Estado
miembro, al que «la Comisión Europa
ha subrayado constantemente».
De fondo, el debate es más profundo.
Bruselas ratifica que cada
país tiene derecho y deber de marcar
sus propios criterios, aunque éstos
no sean ni mucho menos homogéneos.
La UE acepta matices, pero
quiere, exige, libertad de circulación,
lo que es un mensaje claro y un toque
de atención a Londres y al deseo
o amenaza del primer ministro británico,
David Cameron, de imponer
cuotas y poner en marcha un sistema
de «puntos» para inmigrantes.
Forzado por la creciente influencia
del Partido de la Independencia del
Reino Unido (Ukip), Cameron ha girado
a la derecha en inmigración,
chocando de lleno con las instituciones
y con países como Alemania. Y
eso que el equilibrio de poderes e intereses
es muy fino y que la idea de
cuotas de inmigrantes existe y se
aplica en Europa desde hace años.