Dame una brocha o una escoba y me pongo a trabajar ya. Ahora mismo dejaría de cobrar la Renta de Garantía de Ingresos si es a cambio de un empleo”. El egipcio Khaled Mohamed no tiene ninguna duda al respecto. Su hijo mayor ya ha rebasado la barrera de los siete años y las preguntas son cada día más insistentes. “Me pregunta a ver qué hago y yo le digo que me han dado unas vacaciones largas. No sé qué contestarle, paso vergüenza”.

Tampoco su amigo marroquí Mustafá Azgeut se lo pensaría dos veces a la hora volver al tajo. Azgeut es miembro de un colectivo al que se acusa de vivir de la sopa boba, al que se vincula con el fraude de las ayudas sociales. “Me pagan 602 euros y 200 de ellos los destino al pago de una habitación de alquiler. Creo que si me ofrecen la prestación es porque la necesito. No es la primera vez que cojo comida de la calle. Me llegaron a poner una multa en Donostia por buscar en un contenedor. Desde entonces no lo he vuelto a hacer. ¿El futuro? No lo sé… ¡He ido tantas veces a Lanbide! Me he apuntado a muchos cursos, pero no ha habido manera. ¿Si me quitaran la ayuda social? Me iría derecho de nuevo a la calle. ¿Qué otra alternativa me quedaría?”, resopla este vecino de Alegia.

Azgeut figura entre ese 10% de la población guipuzcoana que ocupa uno de los lugares más bajos del escalafón social, para los cuales el sistema vasco de ayudas sociales se convierte en una tabla de salvación para no acabar de hundirse por completo en la miseria. Trabajó en un hotel de Mallorca donde ganaba un modesto jornal, pero desde el segundo semestre de 2008 no levanta cabeza. Tiene hijos en Marruecos a los que no ve desde hace una década. Si no fuera por esos 600 euros, sus condiciones de vida no podrían llamarse dignas.

“He trabajado siempre que he podido. Marché a Andalucía y también estuve en Valencia recogiendo naranjas. Te engañaban pero tirabas para adelante. Ahora resulta imposible. No encuentras nada por ningún lado”, lamenta este hombre de 46 años, que no cuenta precisamente con la complicidad del contexto social.

La actitud que en materia de inmigración mantiene la delegación del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Vasca, y de un modo especial el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, con la vista puesta en las municipales de mayo, ha agitado las aguas de tal modo que las actitudes de rechazo y comportamientos xenófobos comienzan a extenderse más allá de los límites geográficos de la capital alavesa.

Un debate pendiente

Esta misma semana han aparecido pintadas en Eibar en las que se mostraba abiertamente el rechazo al cobro de estas ayudas, una cuestión que ha despertado preocupación en los Servicios Sociales de la ciudad armera. Todo ello días después de la agresión entre dos ciudadanos ocurrida en la capital alavesa por defender a inmigrantes.

La financiación del sistema de prestaciones sociales se ha convertido en un debate pendiente. Los recursos escasean y, en la medida en que se va agitando el clima social, los presuntos abusos de las ayudas sociales se han instalado entre las preocupaciones de una ciudadanía cada vez más castigada. Solo el 38% de la población vasca no se ha visto afectada económicamente por esta crisis y ese desgaste deja su huella en la percepción de lo que ocurre a su alrededor.

Actualmente se encuentran en riesgo severo de exclusión y pobreza unas 113.000 personas en Euskadi, el 16,7% de la población, según revelaba esta semana el primer informe específico sobre la exclusión y el desarrollo social en el País Vasco, elaborado por la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa) presentado en la capital vizcaina.

El Ararteko en funciones, Iñigo Lamarca, lo decía hace unos días en una entrevista a este periódico. “Hay muchas personas que están pasando muchos apuros a fin de mes. Pese a ello, hay casos en los que no cumplen los requisitos, y de ahí se produce un salto muy fácil”. Lamarca recordaba que hay quien dice: “Oye, pero si yo conozco inmigrantes que están percibiendo esas ayudas. ¿Ellos tienen derecho y yo no? Te dicen que es una injusticia, porque primero estamos los de aquí”, añadía.

Por encima de las percepciones, no obstante, están los datos. En los tres Territorios Históricos que conforman la Comunidad Autónoma Vasca hay 49.000 extranjeros que en la actualidad cotizan a la Seguridad Social. Los que perciben la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) son menos de la mitad, en torno a 23.000, según ha revelado recientemente el consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, durante una comparecencia.

El egipcio Khaled Mohamed figura entre los perceptores, con algo más de 800 euros con los que pagar el alquiler y mantener a sus dos hijos de cuatro y siete años, escolarizados en Donostia. “El control de las ayudas es más riguroso que nunca. A los pobres nos piden mucha documentación. Se quieren asegurar que no haya fraude, pero si se hiciera lo mismo en España a tantos políticos, igual se podría evitar la cantidad de ladrones que estamos viendo. Esos sí que tienen dinero. Siempre hay una fianza para salir adelante”, critica este hombre, que no ha encontrado trabajado en los dos años que lleva residiendo en Donostia. “No hay futuro”, resopla. “¿Qué futuro nos espera?”. Dice que no se siente integrado porque, desde su punto de vista, el trabajo es el verdadero acomodo para estrechar lazos. “Lo que no puedo hacer ahora es volverme a mí país. No lo haría por nada del mundo. ¿A dónde, a casa de mi hermano? ¿Qué podría decirle a mi familia cuando me preguntara qué he estado haciendo durante los últimos diez años? ¡Qué vergüenza! Eso nunca”, dice convencido.