El fraude de pagar a una empresa ficticia para cobrar del paro ha vuelto a ser descubierto. La Policía Nacional anunció ayer una operación contra una red de empresas ficticias que falseaban contratos de trabajo para que los delincuentes percibieran la prestación por desempleo, así como lograran regularizar su situación en España. El fraude descubierto sobrepasa los 10,6 millones de euros, aunque la operación sigue abierta. Con este delito lograban que ciudadanos extranjeros obtuvieran la autorización de residencia y trabajo. La operación lleva de momento 235 arrestos y 377 imputaciones. En total, hay 612 personas afectadas, a las que hay que sumar casi un centenar de empresas implicadas. Se trata de mercantiles fantasma, ya que carecen de actividad real.

Según explica la Policía Nacional en un comunicado, las investigaciones comenzaron hace varios meses, al ser detectado un importante número de empresas sospechosas en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Tras un estudio detallado de la documentación proporcionada por el Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las Direcciones Provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se pudo concluir el carácter fraudulento de 95 mercantiles.

El modo de operar de estas empresas ficticias se basaba en entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva. Se utilizaban de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social. Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividades en la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería.

Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del Sistema de Seguridad Social. Asimismo, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.

Por el momento, los investigadores han esclarecido un total de 980 delitos de falsificación y estafa y han destapado un fraude acumulado de 10.666.627 euros. Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Comunitat Valenciana y Murcia. Entre los implicados se encuentran administradores de las mercantiles y personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, también gracias al fraude, su situación administrativa en España.

La operación anunciada ayer no es la primera de este tipo. El pasado mes de mayo, los gentes de la Policía Nacional detuvieron a 313 personas e imputaron a otras 328, principalmente en las provincias de Barcelona y Girona, además de en Alicante, por fraudes a la administración pública que superaron los 7,7 millones de euros. Mediante la creación de un total de 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona, lograron producir 1.544 altas en la Seguridad Social de forma fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la obtención y renovación de permisos de residencia.

En este caso, la operación tuvo tres fases. La primera permitió detener a 144 personas, varias de ellas en Alicante. El fraude ascendió a 3,8 millones. La segundo supuso el arresto de 53 personas en Cataluña, Valencia y Madrid por un fraude de un millón. Las detenciones en la tercera fase alcanzaron a 155 delincuentes en Barcelona, que presuntamente habían defraudado otros tres millones.