La secretaria de Estado de Servicios Sociales fue la encargada de recuperar un proyecto que se daba por finado. Susana Camarero recordó en el Congreso de los Diputados esta semana que lo que quedaba de la ley del aborto se incluiría en la próxima ley de protección de la infancia que la Cámara baja debatirá y aprobará – gracias a la mayoría absoluta del PP – antes de que acabe el año. Y esa parte que se salvó del proyecto que preparaba el exministro Alberto Ruiz – Gallardón es que las menores de 16 y 17 años que deseen abortar deberán comunicar al menos a uno de sus padres la situación.

Sólo de manera extraordinaria y ante situaciones de «conflicto grave, violencia intrafamiliar, amenazas o malos tratos» se puede prescindir de dicha comunicación. Una decisión que para la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) supone dar categoría de norma a «algo excepcional».

La patronal basa su argumento en los datos de este año. Desde el mes de enero y hasta septiembre, los centros de ACAI han realizado 25.394 interrupciones voluntarias del embarazo. Solo el 3,60% de estas intervenciones (913) fueron a mujeres de 16 o 17 años, muy similar al porcentaje de un estudio similar realizado por ACAI hace cuatro años (3,23%). Y de las menores de edad que decidieron abortar, solo 113 no pudieron informar a su tutor legal – un 12,38% de las menores de 18 años que abortaron – . En el anterior informe, este número ascendía a 151 en el mismo espacio de tiempo. «El Gobierno ideologiza la realidad haciendo mayoría una excepción. Los datos demuestran que el aborto adolescente no se mueve en parámetros elevados», apuntó Francisca García, presidenta de ACAI.

En cuanto a los alegatos para que los progenitores o los padres no sepan de esta decisión, las jóvenes señalaron todo tipo de motivos: desamparo familiar, hogares desestructurados, progenitores en prisión o riesgo de sufrir malos tratos. El estudio asevera que algunas menores magrebíes presentaron informes policiales y judiciales que demostraban esos abusos. Otros motivos fueron una enfermedad invalidante paterna o materna y alguna patología psíquica o que los padres se muestran abiertamente contrarios al aborto.

También se daban los casos en que los padres simplemente declinaban ir a una clínica abortista. En el caso de las menores extranjeras, ACAI ha constatado que son mujeres emancipadas que residen en España sin sus padres.

Educación sexual

Con estos datos, la patronal de estas clínicas especializadas insiste en que «nueve de cada diez jóvenes siguen confiando en sus padres o tutores legales» para realizar esta operación. «Si se restringe su autonomía y se limita su capacidad de decisión se las estará abocando a un aborto inseguro, clandestino o a un embarazo y parto no deseados, con los consiguientes riesgos para su salud», asevera el estudio. Con los resultados del estudio en la mano, ACAI reclamó al Gobierno que «se apueste decididamente por potenciar la parte de la Ley del 2010 relativa a la educación sexual y las políticas en materia de salud sexual y reproductiva porque es obvio que los únicos caminos para reducir el embarazo no deseado».

En este sentido, la asociación Salud y Familia en su informe ‘Impacto de una reforma legal restrictiva del aborto en España’, antes de los 19 años el 69’4% de las chicas y el 71’5% de los chicos han iniciado su actividad sexual no utilizando ninguna protección anticonceptiva en el 40% de los casos, con lo que se hace fundamental trabajar en la prevención y la educación.

También es fundamental realizar estrategias específicas sobre el colectivo de mujeres en riesgo social y económico. Además, señalan desde ACAI, «reimplantar el requisito previo del consentimiento parental no protegen a la menor, ya que se ha mostrado inviable en los casos de las menores analizados en este estudio». El informe indica que la menor no acudirá a su tutor. «Lo evitará, tampoco acudirá al juzgado; si está sola, buscará la salida en la clandestinidad», afirma.

La patronal indicó que de producirse un cambio en la norma del aborto, «dejaríamos de ofrecer a estas menores una salida posible, acorde con su situación». «Reiteramos la necesidad de luchar contra el aborto clandestino en vez de desviar esfuerzos improductivos contra una norma que ofrece una salida jurídica a las mujeres de 16 y 17 años. Menores que además de afrontar un embarazo no deseado, se ven inmersas en una compleja situación social, familiar y personal», indicó el colectivo de clínicas.