El Ministerio del Interior ha anunciado esta mañana que habilitará en los próximos meses oficinas para atender a los demandantes de asilo y protección internacional en las fronteras de Ceuta y Melilla “para reforzar las garantías del sistema de protección internacional” y lograr “un mejor cumplimiento de las exigencias” de las instituciones comunitarias establecidas en el Sistema Europeo Común de Asilo.

Según el comunicado de Interior, las instalaciones se ubicarán dentro de la zona de control fronterizo y estarán claramente identificadas, “con lo que se evitará el traslado del solicitante fuera del recinto fronterizo tanto para ofrecerle la información necesaria que pueda conducirle a presentar tales solicitudes, como para la formalización de las mismas”. Las instalaciones contarán con abogados e intérpretes – una de las garantías que exige el sistema de protección internacional – y servirán para identificar a aquellos inmigrantes que pidan asilo en España. Las solicitudes serán resueltas – como hasta ahora – por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior dentro del plazo legal de ocho días. Durante la espera, los demandantes de asilo “ya no tendrán que permanecer en los espacios habilitados en la frontera, sino que permanecerán en el territorio de Ceuta y Melilla, bien en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, bien en el alojamiento privado al que, en su caso, pudieran optar”, señala la nota del ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz.  

El Ministerio del Interior ha adoptado esta medida ante la singularidad de Ceuta y Melilla por la cantidad de inmigrantes que recibe una de las fronteras terrestres más transitada de Europa. “Ello comporta unas condiciones especialmente exigentes para los miembros de las Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de la seguridad fronteriza, que deben realizar esta imprescindible actuación de control y protección de dichas fronteras con pleno respeto y dando plena efectividad a las garantías establecidas en nuestro sistema de Protección Internacional (asilo y refugio)”, señala el Ministerio.

 La decisión del Gobierno coincide con el rechazo que todos los grupos de la oposición han escenificado en el Parlamento a sus planes de incluir en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana una enmienda para legalizar las llamadas devoluciones en caliente.