Amaia Lasheras, presidenta de la federación que trabaja con el colectivo de prostitutas

donostia – La agrupación Gu Gaitun acaba de dar sus primeros pasos en la defensa común de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución en Euskadi. “La unión hace la fuerza, y es preciso que se oiga la voz de estas personas”, proclama Amaia Lasheras, presidenta de la nueva agrupación que aglutina a seis asociaciones del País Vasco. Alerta de que “la situación se está poniendo cada vez más difícil” para preservar los derechos del colectivo. Lamenta que “se ha perdido la conciencia social”, y sostiene que la Administración “debería hacer una labor de mediación con el vecindario” para evitar casos puntuales en los que hay colisión de intereses. “La crisis ha provocado una situación de sálvese quien pueda, con una merma de los ingresos, y un aumento imparable de la competencia entre ellas”.

¿Ha vuelto la prostitución de calle a Gipuzkoa?

- No lo observamos. El único lugar donde se trabaja algo en la calle es en Irun, donde llevan ya unos años. Son muy poquitas, pero es más lo que suena que lo que hay.

¿A qué se refiere?

- El Ayuntamiento de Irun ha aprobado una ordenanza que, básicamente, persigue multar a las personas que ejercen y a los clientes. Es una ordenanza que viene a decir que no se puede ejercer la prostitución cerca de colegios, ni en carreteras ni lugares que entrañen peligro…

Parece razonable…

- Sí, pero es que son ellas las primeras interesadas en que no haya problemas. Intentan no molestar, pero aun así, las están friendo a multas. Las han llevado incluso por la vía penal por desobediencia a la autoridad. Algunas son extranjeras, y con este tipo de actuaciones se abre un historial de antecedentes penales que supone un enorme problema para ellas. Es un horror. No conocemos ningún lugar donde se esté actuando de una forma tan dura como en Irun.

¿Hasta ahora no se había actuado así?

- Nunca lo habíamos visto, y mira que hemos hablado con asociaciones de Bilbao. Se está llevando al límite el tema de las multas. En Bilbao, que es donde se aprobó la primera ordenanza municipal, se ha multado a las mujeres, pero mediante los recursos se conseguía echar para atrás las sanciones… Aquí se está yendo hasta el final.

¿Han hablado con el alcalde?

- Hemos hablado con casi todos los partidos políticos de Irun. Algunos lo entienden más que otros. La verdad es que sí que hemos hablado, pero las palabras no parece que hayan servido de mucho.

¿Pero estas mujeres están ocasionando algún perjuicio?

- Insisto en que ellas son las primeras interesadas en que las cosas se hagan bien. Son mujeres que se enfrentan a diario al riesgo de trabajar en la calle. Nunca saben el cliente que van a encontrar, y si a ello le sumas el riesgo de que les detenga la Policía, se acaban convirtiendo en los seres más vulnerables.

¿Se está tratando la prostitución como un mero problema de orden público?

- De hecho, todas las leyes y ordenanzas que se han aprobado abordan la prostitución de calle, la más visible. Les molesta verlas por la calle, y les gusta esconder los problemas debajo de la alfombra. En Donostia sabemos mucho de eso…

¿A qué se refiere?

- Las ciudades tienden a ocultar los problemas, tienden a esconder a los pobres y a todos aquellos que molesten a los extranjeros y turistas. Llevamos los problemas a la periferia, bajo la alfombra, de manera que se vean lo menos posible.

¿Lo que no se ve no existe?

- Así parece. Pero no es una situación real, y ese modo de actuar puede explotarles en la cara.

¿No cree que a la gente le preocupa que sus barrios se llenen de imágenes marginales, más que la situación en la que puedan encontrarse estas mujeres?

- Es algo que ha pasado siempre. Hay que solucionar los problemas sociales pero, eso sí, lejos de mi casa. Nadie quiere centros de menores ni albergues de transeúntes al lado. ¿Y a dónde les mandamos? ¿A la punta del monte? ¿Cuándo nos toque a nosotros también nos mandarán a la punta del monte? No hay conciencia social, es algo que se ha perdido, y la Administración debería hacer una labor de mediación con el vecindario.

¿Existen redes de explotación sexual en Gipuzkoa?

- Es un tema complicado. No niego que existan, pero es un colectivo de difícil acceso. Las mujeres que vienen a nuestro centro vienen solas. Hemos tenido algún caso…

¿Y existen coacciones para ejercer la prostitución?

- Sí hay algunas situaciones, aunque es algo minoritario.

¿Sigue creciendo el número de mujeres autóctonas que se ven obligadas a trabajar en el sector?

- Se mantiene en parámetros similares durante los últimos años. El trabajo está tan mal que algunas inmigrantes se han ido, lo que ha provocado una mayor visibilización de las mujeres autóctonas que siguen en este oficio. Es verdad que para acabar el mes hay mujeres guipuzcoanas que se ven obligadas a ejercer la prostitución.

¿Muchas extranjeras se están marchando?

- La situación está tan mal que se han marchado a otros países, o bien a sus lugares de origen. La situación de crisis les ha hecho ver que no ganaban dinero como para vivir.

¿Hay mucha competencia en el sector?

- Es un trabajo muy competitivo, y hoy en día todavía más. Ha habido una enorme rebaja de precios debido a la crisis. Antes había una ley no escrita por la cual todo el mundo cobraba lo mismo. En estos momentos es una situación de sálvese quien pueda. Los clientes van menos, y aumenta así mucho la competencia entre ellas.

¿En qué se traduce ese sálvese quien pueda?

- Ahora cada una pone los precios que quiere, como está ocurriendo en otros muchos sectores.

¿La falta de referencias no debilita aún más al colectivo?

- Sin duda. Es algo que ocurre en cualquier colectivo.

¿Qué derechos se están viendo vulnerados entre el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución?

- El tema sanitario es muy preocupante. A nivel estatal, en Sanidad han cambiado las cosas. Hay mujeres que tienen la tarjeta sanitaria de Madrid y están trabajando aquí. No pueden acceder a un ambulatorio. Otro de los problemas que encuentran es que no pueden demostrar que están trabajando, lo que les cierra el acceso a la vivienda y a otro tipo de derechos. Muchas viven donde trabajan, pero no los dejan empadronarse, con lo cual están privadas de muchos derechos sociales.

¿En qué medida les perjudica la Ley de Extranjería?

- Ahí estamos con el problema de siempre. No tienen derechos laborales porque su trabajo no se considera una actividad. Así, resulta imposible demostrar que están trabajando, y no pueden regularizar su situación aunque lleven más de tres años en España.

Parte de la sociedad habla de “ir de putas” como un plan de ocio más. ¿Frivolidad? ¿Mercantilismo?

- Ir de putas sigue siendo una frase muy utilizada, pero también muy real. Quiero decir, hay muchas prostitutas porque hay muchos clientes. Es una frase que se utiliza de forma coloquial, lo cual refleja que la prostitución es una realidad muy instaurada en nuestra sociedad. No sé si será frívolo o no, pero es muy real.

No hay oferta sin demanda…

- Está claro. Los clientes son en su mayoría hombres de vida normalizada. Entre los clientes no existen las clases sociales.