Bilbao – El sistema vasco de ayudas sociales – la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) – ha reducido a la mitad el impacto que la crisis ha tenido sobre los ingresos de los más pobres. Entre 2008 y 2014, el 10% de las personas más pobres del País Vasco han sufrido una reducción de sus ingresos del 13,4%, una caída que habría alcanzado el 25,7% si no hubieran contado con las prestaciones sociales.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, intentó ayer desmontar la polémica sobre las condiciones de acceso a la RGI y el fraude de determinados colectivos destacando los positivos efectos que las ayudas sociales están teniendo para atenuar las desigualdades y reducir el nivel de pobreza. “Las ayudas sociales”, señaló ayer Aburto en el Pleno del Parlamento Vasco, “siguen jugando un papel crucial en el mantenimiento de la cohesión social” por lo que “es más urgente que nunca recuperar el consenso” en torno a estas prestaciones.

En su respuesta a varias preguntas parlamentarias sobre las políticas sociales del Gobierno vasco, el consejero aseguró que el sistema de protección social que conforman la RGI, la PCV y las AES sirve para garantizar unas condiciones de vida dignas a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y aportó algunos datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2014 que se publicará en los próximos días. La encuesta evidencia que en el País Vasco “hay gente que lo está pasando peor y que hay una situación de desigualdad” y estima que en los seis años de crisis económica la merma de ingresos que ha sufrido la población vasca más pobre se ha podido reducir a la mitad gracias al efecto redistribuidor de las ayudas sociales. En consecuencia, según dijo el consejero, las ayudas establecidas en el País Vasco han favorecido que el porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza sea muy inferior a la media estatal.

menos pobreza El impacto de la crisis sobre los más vulnerables, explicó Juan María Aburto, sería “mucho mayor” si no existiese el sistema vasco de protección social. A modo de ejemplo indicó que en el conjunto del Estado español el 11,9% de los ciudadanos tiene pagos pendientes o atrasados, mientras que en la CAV el porcentaje de quienes incumplen sus pagos es del 6,2%. También hizo una comparación con Europa y dijo que en Alemania el 8,4% de las personas tiene dificultades para realizar una comida proteínica cada dos días y que en Euskadi los que sufren esa situación son un 3,1% de la población.

Ante la constatación de que las ayudas sociales tienen un efecto protector de los colectivos más vulnerables, Juan María Aburto propuso que la sociedad se pregunte “cuál sería el coste que supondría eliminar” el gasto en prestaciones como la RGI que, “aunque insuficientes, aportan dignidad a miles de familias”. La comparecencia del consejero de Empleo y Asuntos Sociales sirvió para retomar el debate iniciado el jueves tras la presentación de una moción del PP para que se revisen las condiciones de acceso a la RGI con el fin de evitar lo que los populares denominan abusos y fraude por parte de los inmigrantes.

Empeñado en destacar los valores positivos del sistema de ayudas sociales frente a los fallos en su aplicación, Aburto incidió en la relevancia que el cobro de la RGI puede tener para una niña de 8 años que quizás sin esa ayuda a su familia no podría desayunar, para un joven que no ha cotizado y que al morir sus padres se queda sin recursos o para un inmigrante marroquí que tras trabajar varios años en la construcción pierde el trabajo y los ingresos. El consejero advirtió que el Gobierno vasco no va “a renunciar” al “futuro de oportunidades” que garantiza el sistema de protección social.

las aes Aburto también respondió a sendas preguntas de Txaro Sarasúa (PSE – EE) y Gorka Maneiro (UPyD) sobre la voluntad del Gobierno para cumplir la resolución de la Cámara vasca que le insta a aumentar la dotación de las AES de este año y a dotarlas suficientemente para el próximo ejercicio. Para 2014 el presupuesto, ya agotado, para las AES era de 20,5 millones de euros y el proyecto para 2015 contempla una subida hasta los 21 millones. El consejero aseguró que el Gobierno siempre tiene la voluntad de cumplir con los mandatos parlamentarios y que insistirá para conseguir que se aumente la dotación de este año, aunque reconoció la “enorme dificultad” para conseguirlo.

Aburto recalcó que en materia de ayudas sociales lo primero es la RGI, la PCV y las ayudas por hijos y que el resto depende de las disponibilidades presupuestarias.

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