La Comisión Europea duda de la legalidad de las prácticas que aplica la Guardia Civil para contener a los inmigrantes en la valla de Melilla. La comisaria europea del Interior, Cecilia Malmström, ha enviado una dura carta al ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, para mostrarle su preocupación sobre lo ocurrido en la frontera el pasado 15 de octubre, cuando un agente agredió a uno de los extranjeros que trataban de saltar la verja. “Una práctica de este tipo constituye una violación de la legislación de la UE”, concluye la comisaria.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, emplea un tono inusualmente severo para los usos diplomáticos. Malmström asume que los inmigrantes que llegaron a escalar la verja melillense ese día “fueron objeto de malos tratos”, una tesis apoyada en el vídeo difundido por la ONG melillense Prodein que muestra cómo un guardia golpea al extranjero que, tras caer inconsciente al suelo, es devuelto a Marruecos. La Delegación del Gobierno se defendió de esas acusaciones y aseguró que también la Guardia Civil fue objeto de agresiones y que el inmigrante que aparece en el vídeo no resultó herido.

“Estoy profundamente preocupada por el vídeo y lamento profundamente que un incidente tan perturbador y chocante pueda producirse en nuestras fronteras”, subraya la comisaria sueca, que ya ha tenido otros enfrentamientos con el ministro del Interior (a quien llama “estimado Jorge” en la misiva, fechada el 24 de octubre) a cuenta de la política española de fronteras en Ceuta y Melilla.

La carta, escrita en castellano, ha causado un gran malestar entre las autoridades españolas, según las fuentes consultadas, por el tono empleado y la presunción de que el Ejecutivo español viola las reglas. La Comisión Europea ha rehusado, a través de un portavoz, ofrecer su versión de los hechos.

Malmström detalla en su comunicación al ministro las normas que considera fueron violadas en el enfrentamiento entre guardias civiles e inmigrantes el pasado 15 de octubre: el código de fronteras del espacio de libre circulación de Schengen, la directiva sobre procedimientos de asilo y de retorno y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Esas normas prohíben expulsar sin más al país vecino, en este caso Marruecos, a los extranjeros que accedan a territorio europeo. Los inmigrantes tienen derecho a ser oídos y a solicitar asilo en el país comunitario al que lleguen.

Más allá de inquietarse por lo ocurrido, la responsable del Interior pide una investigación de los hechos: “Confío en que las autoridades españolas lleven a cabo la necesaria investigación sobre este incidente y adopten las medidas adecuadas para garantizar que no se producen incidentes similares”. El documento, de un folio, pide también más información sobre el incidente y, en concreto, sobre “las medidas disciplinarias que pueden ser adoptadas contra los responsables de la Guardia Civil”. El Gobierno español ya descartó decisiones de ese tipo tras el salto a la valla del 15 de octubre al concluir, un día después de los hechos, que los agentes actuaron “con proporcionalidad, congruencia y oportunidad”.

La Comisión cree que la nueva norma sobre expulsiones es ilegal

El Ejecutivo de Mariano Rajoy empleó esos argumentos tras las duras críticas recibidas por los incidentes de Melilla. El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, pidió abrir una investigación “por la violencia” de la Guardia Civil. La oposición política y otras organizaciones sociales también lanzaron reproches.

Malmström, que este sábado pasará a ser comisaria de Comercio en la nueva Comisión Europea de Jean-Claude Juncker, trasciende el caso particular de la valla de Melilla para pedir explicaciones por los controvertidos cambios que el Gobierno del Partido Popular tiene previsto aplicar a la ley de inmigración, de forma que se legalicen las llamadas expulsiones en caliente (sin que el extranjero tenga opción a pedir asilo). La responsable europea anuncia al ministro que su equipo abordará con las autoridades españolas “las presuntas expulsiones sumarias de inmigrantes desde Ceuta y Melilla a Marruecos”.

Tras las noticias aparecidas en los últimos días, la Comisión Europea ya sospecha que esa modificación legal que plantea España “podría resultar en una violación de las obligaciones de España a tenor del derecho de la UE”. El PP admitió por primera vez el miércoles que las devoluciones desde 2005 “se estaban haciendo ilegalmente”, según el portavoz de este partido en la comisión parlamentaria de Interior, Conrado Escobar.

Malmström y Fernández Díaz ya tuvieron un sonoro enfrentamiento en febrero, tras la muerte de 15 subsaharianos que intentaban acceder a Ceuta y a los que la Guardia Civil disparó pelotas de goma. Ambos mantuvieron una tensa entrevista en castellano —la comisaria habla español y catalán tras haber vivido hace años una temporada en Barcelona— que concluyó sin acuerdo.