Donostia – Ante el envite del PP sobre el recorte de las ayudas sociales, el resto de partidos ha optado por demostrar una unidad harto escasa en la política actual. PNV, EH Bildu y PSE tienen previsto ofrecer hoy en el Pleno del Parlamento Vasco una postura “unitaria” de “completo rechazo” a la propuesta de los populares de revisar el actual sistema de ayudas sociales para combatir el fraude.

Aunque la moción del PP se refiere de una manera genérica a Lanbide y las mejoras a introducir en la prestación de las ayudas, lo cierto es que todos estos partidos entienden que la propuesta entra en la estrategia iniciada antes del verano por los populares y capitalizada por el parlamentario y alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, que cuestiona la misma esencia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) al asegurar que marroquíes y argelinos, así, en general, están haciendo un uso fraudulento de las ayudas. “Los jetas y aprovechados que esquilman las ayudas sociales”, como los llama el PP. De nada han servido los datos que ofrecen Lanbide y el Departamento de Empleo y que desmienten estas afirmaciones.

Hace dos semanas el partido de Arantza Quiroga se vio obligado a retirar del orden del día la propuesta al tener constancia de que los grupos del PNV, EH Bildu y PSE barajaban la posibilidad de hacer un plante al considerar que se trata de un ataque al sistema vasco de protección social, además de una campaña contra los inmigrantes y una medida partidista que solo persigue arañar votos de cara a las elecciones municipales y forales del próximo mayo.

Es precisamente Javier Maroto, que optará en esos comicios a repetir como alcalde, quien ha llevado la voz cantante en el PP para incluir el uso que hacen los inmigrantes de las ayudas sociales en la agenda política, ante el desagrado de los demás partidos. El primer edil de Gasteiz ha ido más allá al promocionar la recogida de 30.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que se endurezca el acceso a la RGI, de manera que solo puedan obtener estas prestaciones los que lleven más de diez años empadronados en Euskadi, y se les deniegue a los inmigrantes ilegales y a quienes no han cotizado antes.