El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha cifrado en 17.000
los intentos de entrada por la valla fronteriza de Ceuta y Melilla en lo que va
de 2014, al mismo tiempo que ha señalado que en lo que va de año alrededor de
2.000 inmigrantes han entrado en Melilla mediante saltos a la valla, el doble
que en 2013.

MADRID. Así lo ha detallado Martínez durante su comparecencia en el Congreso de los
Diputados, donde ha insistido en que el Gobierno debe seguir trabajando para
dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de un marco jurídico que
proporcione y d é mayores garantías ante esta situación de “extraordinaria
presión migratoria y complejidad”.

A su juicio, el fenómeno de la inmigración irregular sólo puede abordarse
como una cuestión de Estado y la respuesta de este desafío debe conjugar
distintas sensibilidades, ponderar la solución que desde el Estado de Derecho
debe darse a situaciones de “enorme complejidad”, con una “innegable” dimensión
humanitaria, junto a la responsabilidad de proteger a las fronteras.

Martínez ha puesto en valor que millones de seres humanos ponen en riesgo su
propia vida en busca de un futuro mejor como consecuencia de distintas
circunstancias, como la pobreza endémica del continente africano.

Eso sí, ha recordado que hay que conseguir el “difícil equilibrio” entre la
obligación legal de custodiar las fronteras y el deber de respetar los derechos
fundamentales de los flujos migratorios, a pesar de que se trate de vías
ilegales.

LEY DE EXTRANJERÍA

En este punto, ha destacado que la Ley de Extranjería da respuesta con rigor
jurídico a situaciones derivadas de la irregularidad de la entrada, estancia o
permanencia de España, con procedimientos administrativos como la inadmisión, la
devolución o la expulsión con sus corresondientes garantías.

En las fronteras de Ceuta y Melilla, donde se concentra mayor desigualdad del
mundo, a diferencia de otras fronteras, Martínez dice que se plantea la
necesidad de evitar entradas ilegales muchas veces violentas o masivas.

“Creo que no podría esperarse nunca de un Estado que asistiese impasible a
actos que vulneran la legalidad fronteriza y por extensión de la UE y que no
podría defenderse nunca, más allá de los componentes humanitarios del debate,
que existe un derecho a entrar de manera irregular en un Estado”, ha
recordado.

Así, ha insistido en que la actuación de la Guardia Civil y de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, en cumplimiento de la ley, al rechazar en la
frontera a aquellos que quieren entrar de forma ilegal, “goza de plena cobertura
jurídica”.

“A veces esa acción de rechazo supone hacer frente a asaltos violentos,
movidos por la desesperación, que sólo pueden abortarse eficazmente mediante
acciones de convulsión física sobre las personas presididas siempre por los
principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad”, ha remarcado.

Por ello, Martínez ha explicado que, dando prevalencia a la integridad de los
inmigrantes, y frente a la búsqueda de una evitación inmediata de un salto, se
produce un tiempo de espera hasta que los inmigrantes hayan descendido del
vallado para realizar materialmente el rechazo.