El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha  cifrado en
7.000 los intentos de entrada por la valla fronteriza de  Ceuta y
Melilla en lo que va de 2014, al mismo tiempo que ha señalado  que en lo
que va de año alrededor de 2.000 inmigrantes han entrado en  Melilla
mediante saltos a la valla, el doble que en 2013.

MADRID. Así lo ha detallado Martínez durante su comparecencia en el  Congreso de los Diputados, donde ha insistido en que el Gobierno debe  seguir trabajando para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del  Estado de un marco jurídico que proporcione y d é mayores garantías  ante esta situación de “extraordinaria presión migratoria y  complejidad”.

A su juicio, el fenómeno de la inmigración irregular sólo puede  abordarse como una cuestión de Estado y la respuesta de este desafío  debe conjugar distintas sensibilidades, ponderar la solución que  desde el Estado de Derecho debe darse a situaciones de “enorme  complejidad”, con una “innegable” dimensión humanitaria, junto a la  responsabilidad de proteger a las fronteras.

Martínez ha puesto en valor que millones de seres humanos ponen en  riesgo su propia vida en busca de un futuro mejor como consecuencia  de distintas circunstancias, como la pobreza endémica del continente  africano.

Eso sí, ha recordado que hay que conseguir el “difícil equilibrio”  entre la obligación legal de custodiar las fronteras y el deber de  respetar los derechos fundamentales de los flujos migratorios, a  pesar de que se trate de vías ilegales.

LEY DE EXTRANJERIA En este punto, ha destacado que la Ley de Extranjería da respuesta  con rigor jurídico a situaciones derivadas de la irregularidad de la  entrada, estancia o permanencia de España, con procedimientos  administrativos como la inadmisión, la devolución o la expulsión con  sus correspondientes garantías.

En las fronteras de Ceuta y Melilla, donde se concentra mayor  desigualdad del mundo, a diferencia de otras fronteras, Martínez dice  que se plantea la necesidad de evitar entradas ilegales muchas veces  violentas o masivas.

“Creo que no podría esperarse nunca de un Estado que asistiese  impasible a actos que vulneran la legalidad fronteriza y por  extensión de la UE y que no podría defenderse nunca, más allá de los  componentes humanitarios del debate, que existe un derecho a entrar  de manera irregular en un Estado”, ha recordado.

Así, ha insistido en que la actuación de la Guardia Civil y de las  fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en cumplimiento de la ley,  al rechazar en la frontera a aquellos que quieren entrar de forma  ilegal, “goza de plena cobertura jurídica”.

“A veces esa acción de rechazo supone hacer frente a asaltos  violentos, movidos por la desesperación, que sólo pueden abortarse  eficazmente mediante acciones de convulsión física sobre las personas  presididas siempre por los principios de oportunidad, congruencia y  proporcionalidad”, ha remarcado.

Por ello, Martínez ha explicado que, dando prevalencia a la  integridad de los inmigrantes, y frente a la búsqueda de una  evitación inmediata de un salto, se produce un tiempo de espera hasta  que los inmigrantes hayan descendido del vallado para realizar  materialmente el rechazo.