Cinco partidos de la oposición han reclamado este miércoles el amparo al presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Sebastián González, para frenar la tramitación exprés de la ley de seguridad ciudadana y exigir más tiempo para consensuar y adecuar la futura norma a “la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos”. PSOE, Convergencia i Unió, PNV, Izquierda Plural y UPyD lamentan en un documento conjunto la intención del grupo popular, el mayoritario de la Cámara, de acelerar la aprobación del texto tras limitar el plazo habitual al resto de formaciones políticas para presentar enmiendas al texto.

Los firmantes de la iniciativa sostienen que la limitación de derechos y libertades ciudadanos “ha de responder estrictamente a una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto, lo que a su vez, exige un examen detallado, razonado y reflexivo de las normas que la resuelvan”.

Por eso los cinco partidos exigen más tiempo para “adecuar el proyecto de ley a las exigencias de la Constitución española”. Los promotores de la iniciativa sospechan que el PP quiere tener lista la polémica norma que, según una de sus últimas modificaciones, prevé legalizar las devoluciones en caliente de los inmigrantes en Ceuta y Melilla antes de final de año y que entre en vigor cuanto antes. Salvo el grupo popular, todo el resto de partidos han expresado sus reticencias hacia un proyecto de ley que ya nació con polémica y cuya primera versión –conocida como ley mordaza – contó con informes contrarios s del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.

El calendario previsto por la Comisión para el nuevo texto suavizado por el Ministerio del Interior prevé constituir la ponencia esta misma tarde, una vez cerrado el plazo de enmiendas, para agilitar la aprobación del texto. Todos los partidos, salvo el PP han mostrado su rechazo, a las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes y han recordado que vulnera preceptos constitucionales de las personas que intentan entrar en España y ofrece inseguridad jurídica para las fuerzas de seguridad del Estado que actúan en las fronteras.