La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación sobre las actuaciones violentas de la Guardia Civil hacia un grupo de inmigrantes y las posteriores devoluciones en caliente que tuvieron lugar el pasado 15 de octubre en la valla fronteriza de Melilla y que quedaron documentadas en dos vídeos que la ONG Prodein divulgó en internet.

Es la primera vez que el Ministerio Público investiga las devoluciones en caliente llevadas a cabo por el Gobierno. Aunque lo hace de oficio (sin que medie una denuncia o querella previa), la decisión de la Fiscalía responde a las numerosas quejas recibidas por parte de ciudadanos en una acción de ciberprotesta por su “pasividad” y ante los “indicios delictivos” que tienen lugar en las zonas fronterizas del sur.

En una contestación vía email a quienes protestaron, la Fiscalía responde: “Se acusa recibo de su escrito que ha tenido entrada en esta Fiscalía General del Estado por correo electrónico y con el que se ha incoado el procedimiento de referencia. Le informamos que por el Ministerio Fiscal se realizan las actuaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos en las Diligencias de Investigación Penal 17/2014 incoadas en fecha 20 de octubre de 2014 por la Fiscalía de Área de Melilla”.

Una semana después de producirse estos hechos violentos, en los que un inmigrante fue bajado a porrazos de la valla y arrastrado por el suelo hasta territorio marroquí, el Gobierno del PP propuso legalizar las devoluciones inmediatas a través de una enmienda en la Ley de Extranjería que recogiera el “rechazo en frontera” para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

“La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía debería hacer reflexionar al Gobierno sobre su intención de convertir en legal una práctica que podría llegar a ser considerada como delictiva”, señala Lluc Sánchez, portavoz de la ONG Sos Racismo, que considera que la enmienda supondría una “lesión flagrante del derecho comunitario así como de tratados y convenios internacionales”.

No es la primera vez que las ONG difunden mediante grabaciones las devoluciones inmediatas de inmigrantes que practican las fuerzas de seguridad españolas en la frontera. La actual Ley de Extranjería y los diferentes convenios firmados obligan a España a abrir un expediente para cada persona cuando vaya a ser expulsada, proporcionarle asesoría jurídica, averiguar su procedencia y estudiar la posibilidad de que se acojan a asilo a quienes huyan de persecuciones zonas en conflicto.

El Ministerio del Interior ha defendido siempre que no se trata de deportaciones en caliente, sino que responden a un “concepto operativo” de vigilancia del perímetro. No obstante, el comandante en jefe de la Guardia Civil de Melilla está imputado por un presunto delito de prevaricación por las devoluciones en caliente de varios grupos de inmigrantes los días 18 de junio y 13 de agosto.