OLVIDÉMONOS de los pormenores del debate político sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), para que los árboles no nos impidan ver el bosque y pongámonos a elucubrar un poco.

Supongamos que Ceuta y Melilla constituyen la frontera terrestre con la desigualdad económica entre dos países y dos continentes más extrema del mundo.

Supongamos que algunos de los jóvenes que se han criado en Marruecos, envidiando la prosperidad que retransmiten las cadenas españolas que se captan en sus cafés y mirando desde sus terrazas las playas de la costa europea, hayan decidido jugarse la vida para llegar al paraíso de enfrente.

Supongamos que alguno consigue entrar en él, aun sin el permiso que le podrían haber dado quienes en su día hicieron bastante más que entrar sin permiso en su país, porque ese permiso lo reservan para otros extranjeros, sin excluir a los árabes, a condición solo de que sean ricos.

Supongamos que el gobierno que no le autoriza a entrar tampoco tiene capacidad para impedirlo o repatriarlo y, en cambio, decide dejarlo vagando por su territorio con una orden de expulsión, de cuya ejecución se desentiende.

Supongamos que esa persona necesita comer, pero que las leyes del país le consideran un inmigrante ilegal y por tanto, no le dan derecho a trabajar para ganarse el pan.

Supongamos que esa persona sigue queriendo comer y recurre a las ayudas sociales previstas para paliar las situaciones extremas de los más necesitados y supongamos también que se le niegan esas ayudas.

Pues bien. Llegados a ese punto, parece razonable pensar que la decisión de impedirle cualquier forma de supervivencia dentro de la legalidad, le empujará hacia la ilegalidad.

En fin, que después de que las autoridades del país no han sido capaces de impedir que entre en el paraíso con el que soñaba y le cierran hasta la última rendija de que dispone para sobrevivir honradamente, es claro que la historia no se acaba ahí y que esas decisiones de prohibirle trabajar y de retirarle cualquier ayuda de supervivencia tendrán alguna consecuencia.

Mantener ayudas sociales resulta caro, es evidente. Pero la solución alternativa no tiene coste 0. Mantener la seguridad ciudadana también tiene su coste. Cada plaza en una cárcel cuesta tanto como un hotel de lujo. Vivir en un entorno de profunda desigualdad, sin siquiera beneficencia y con niveles altos de seguridad es algo que todavía no se ha inventado. O construimos una sociedad menos desigual o mantenemos mecanismos de beneficencia o vamos reservando presupuesto para policía y cárcel.