El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado hoy que seguirá
adelante con la iniciativa del PP que permitirá las llamadas
“devoluciones en caliente” de inmigrantes irregulares en Ceuta y
Melilla, una modificación, ha dicho, que se ajusta “a la legislación
internacional”.

MADRID. Rajoy ha respondido de este modo en el pleno del Senado a una pregunta del senador de IU Jesús Enrique Sánchez sobre la enmienda presentada por el PP al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana con la que se pretende modificar la Ley de Extranjería con el objetivo de legalizar las devoluciones inmediatas de inmigrantes irregulares.

Tras defender que la actuación de las fuerzas de seguridad en las ciudades autónomas se ajusta a la ley, el presidente del Ejecutivo ha defendido que la iniciativa planteada por su partido se ajusta a todas las normativas europeas e internacionales.

Una enmienda, ha reiterado, cuyo objetivo es dar “cobertura jurídica” a la actuación de la Guardia Civil y la Policía en estos pasos fronterizos y que se complementa con un protocolo para los agentes que “ponderará la seguridad en las fronteras y los principios humanitarios”

“En una situación así podemos abrir y que entre cualquiera y eso hay que explicarlo en la Unión Europea”, ha ironizado Rajoy antes de dejar claro que esto no se iba a hacer porque España tiene la obligación de proteger sus fronteras y de impedir la entrada irregular de personas.

Y ha hecho hincapié en que las de Ceuta y Melilla, además de ser las únicas fronteras de la UE con el continente africano, “revisten notas singulares” al estar sometidas desde hace años a una fuerte presión migratoria y a unos intentos de entrada, en ocasiones “violentos y clandestinos” auspiciados por las mafias.

Frente a estos argumentos el senador de IU ha avisado de que de salir adelante la enmienda planteada por el PP se reconocerá que hasta ahora la Guardia Civil ha actuado en Melilla “en la más absoluta irregularidad”.

“Están jugando con fuego en una frontera en disputa históricamente”, ha advertido Sánchez para quien esta reforma legal supondrá violar acuerdos, la propia Constitución o tratados internacionales como la directiva de retorno, la ley de asilo o el convenio de derechos humanos.