El Gobierno va a legalizar, se oponga quien se oponga, las devoluciones en caliente de los inmigrantes irregulares que tratan de entrar en España a través de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Mariano Rajoy defendió hoy en la sesión de control del Senado la reforma que va a regularizar estas prácticas de las fuerzas de seguridad ante los intentos de asalto, que el presidente calificó de «violentos o clandestinos» y organizados por las mafias

En pleno debate sobre la legalidad de las expulsiones en caliente, el jefe del Ejecutivo sostuvo que la modificación que se pretende introducir para el rechazo de inmigrantes en la frontera respeta la normativa internacional. «Se ponderarán – dijo – dos bienes dignos de tutela: la seguridad del perímetro y los principios humanitarios». Rajoy no admitió dudas sobre la constitucionalidad de sus pretensiones ni cree que trabajar con los países de origen esté reñido con hacerse con el control de la única frontera terrestre existente entre el continente africano y la Unión Europea. El Gobierno asegura que su objetivo de fondo es dar cobertura jurídica a las actuaciones que ya mantienen desde hace años la Policía y la Guardia Civil en su tarea de «custodiar» las entradas al país. Actuaciones que, a juicio de Rajoy, se están ajustando plenamente a la ley. El presidente del Gobierno dio así un espaldarazo a la actuación de los agentes que impiden la entrada en España de los subsahariano que logran cruzar la valla. Unas prácticas puestas en cuestión por las fuerzas de la oposición, colectivos de abogados, organizaciones humanitarias y hasta jueces que han abierto procedimientos a mandos de la Guardia Civil en las ciudades norteafricanas

El presidente advirtió de que jamás admitirá que se instale en la Unión Europea la idea de que España ha decidido abrir sus puertas y que aquí «puede entrar cualquiera». Recordó que tanto el acuerdo de Schengen, suscrito por varios países de Europa, como la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, obligan a vigilar las fronteras e impedir el cruce no autorizado de las mismas. De ahí que el Gobierno entienda que es imprescindible la reforma legal, que estará acompañada de un protocolo de actuación elaborado por el Ministerio del Interior.

Luz verde

El grupo parlamentario popular ya ha registrado en el Congreso el texto con el que pretende modificar la Ley de Extranjería. «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentado el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Con este párrafo, el PP busca dar la luz verde definitiva a las expulsiones inmediatas, hasta ahora denunciadas por varias ONG, Amnistía Internacional y puestas en duda por expertos juristas. Rajoy respondía con esta contundencia al senador de IU Jesús Iglesias, en la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, y en la que reclamó al Gobierno respeto a los convenios internacionales que, a su juicio, se violan con la legalización de las devoluciones en caliente. El senador denunció que, sin reforma, hasta ahora la Policía y la Guardia Civil actuan de manera ilegal porque la normativa exige una motivación para denegar la entrada a cualquier extranjero

El último en sumarse al rechazo a las pretensiones del Ejecutivo de legalizar las devoluciones exprés fue la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur), que nmostró su «preocupación». Acnur ha detectado un aumento en la presión migratoria justificada por conflictos como los de Siria, la República Centroafricana o Malí. La reforma legal, por lo tanto, podría negar la oportunidad de asilo a quienes consiguen entrar en España huyendo de la persecución en sus países.