Rechazar una oferta de trabajo
constituye el mejor ejemplo de
«abuso» en el cobro de ayudas so-
ciales, ya que desde que las tramita
Lanbide están condicionadas a la
empleabilidad, al reciclaje profesio-
nal y a la formación continua. Se-
gún el informe enviado esta semana
al Parlamento por el consejero de
Empleo y Políticas Sociales, Juan
María Aburto, en respuesta a la am-
plísima solicitud de datos formula-
da por el parlamentario de PP y al-
calde de Vitoria, Javier Maroto, en
lo que va de año 142 prestaciones
han sido «suspendidas», «extingui-
das» o «denegadas» precisamente
porque el perceptor o incluso algún
miembro de su familia se ha nega-
do a trabajar. La fría estadística
muestra también que dentro de
unos porcentajes mínimos de «abu-
sos» son más los españoles expulsa-
dos del sistema que los magrebíes.
Maroto, cuando en julio inició su
campaña para restringir las ayudas
sociales, señaló abiertamente a los
oriundos de Marruecos y Argelia co-
mo principal fuente de fraude en el
sistema. Les acusó de vivir de las
ayudas y de no querer trabajar y no
se arrepiente de lo dicho. En el con-
junto de la comunidad autónoma, de
5.910 magrebíes de origen que co-
bran la renta de garantía de ingresos
exclusivamente 16 recibieron una
oferta de empleo y no la aceptaron,
un 0,27% del total. Fueron dos arge-
linos y 14 marroquíes, exactamente.
Entre los españoles el porcentaje
de rechazos es muy similar pero lige-
ramente superior, del 0,28%. En con-
creto, 73 de los 25.307 autóctonos
–de nacionalidad y de nacimiento– se
negaron a aceptar el trabajo que les
propuso Lanbide para obtener ingre-
sos alternativos al subsidio.
En Vitoria, donde Maroto centró
sus críticas y donde no hay dudas
de que la proporción de magrebíes
beneficiados del sistema de protec-
ción social es superior a la media de
la comunidad autónoma, la diferen-
cia en este capítulo es aún mayor.
Los datos muestran que de 1.427
magrebíes apenas 5 rechazaron una
oferta y fueron sancionados, el
0,35%. Entre los nacionales –exclu-
yendo a los extranjeros nacionaliza-
dos–, 12 de 2.660 han sido los san-
cionados, el 0,45%.
En sus acusaciones contra los ma-
grebíes, Maroto los comparó con los
latinoamericanos, en los que sí ve vo-
luntad de integrarse. Los datos
muestran que es imposible hacer ge-
neralizaciones. Siempre con porcen-
tajes bajísimos de «abusos», los inmi-
grantes de origen ecuatoriano tienen
una tasa de rechazos de ofertas de
trabajo del 0,11%, los de Perú de
0,26%, los de Nicaragua de 0,30% los
de Argentina de 0,32%, los de Para-
guay de 0,47%, los de Colombia de
0,58%, los de Bolivia de 0,61% y los
dominicanos del 0,71%.
Según estas estadísticas oficiales,
son los italianos (3,44%) y los de Ca-
bo Verde (10%) los que más empleos
habrían rechazado en lo que va de
año, aunque son tan pocos los natu-
rales de esos países que perciben
ayudas que no son datos representa-
tivos. Los procedentes de Senegal
(0,08%) son los que menos abusos
cometerían en este ámbito. Otro co-
lectivo bastante numeroso en el País
Vasco, el de los paquistaníes, duplica
la media al situarse en el 0,51%.
Por otro lado, según datos facili-
tados por Lanbide a este periódico,
destrás de los españoles son los ru-
manos (4.005) y los marroquíes
(3.358) los que más contratos de
trabajo han firmado en el País Vas-
co. Eso no significa que una misma
persona, de cualquier nacionalidad,
no haya encadenado varios contra-
tos o haya tenido distintas ocupacio-
nes y que las cifras puedan estar
distorsionadas.
El alcalde de Vitoria, en su rueda
de prensa del pasado jueves tras co-
nocer el informe de 49 folios de
Aburto, quitó validez a estas estadís-
ticas de ofertas rechazadas. «Exis-
ten muchos casos en los que la ofer-
ta de trabajo se rechaza y Lanbide
no lo registra. Podemos tener 5 ó
5.000», manifestó en relación al nú-
mero de suspensiones de ayudas a
los magrebíes de Vitoria que se han
negado a trabajar.
Fuentes de Lanbide confirman
que «muchas de las ofertas de traba-
jo no se llegan a conocer nunca»,
aunque eso no supone que se pueda
afirmar automáticamente que hay
determinadas nacionalidades más
«jetas» que otras, según la expresión
empleada por el PP
. Hacen falta mu-
chos más datos, como el número to-
tal de ofertas realizadas en relación
con los rechazos.
En efecto, el gran problema de
Lanbide y, por extensión, del sistema
de ayudas sociales es su incapacidad
de intermediación laboral, de ofrecer
una salida en el mercado de trabajo
no sólo para los 48.000 perceptores
de ayudas en edad de trabajar sino
para sus familias y para el conjunto
de los parados. Apenas 1 de cada 50
ofertas de trabajo pasan por Lanbi-
de, por lo que es imposible calibrar
con fiabilidad la voluntad de trabajar
de los perceptores de la renta de ga-
rantía de ingresos. Sencillamente no
se les ofrece empleo.
El
Inem vasco
ha naufragado en
plena crisis y en parte porque se ha
visto colapsado cuando, recién crea-
do, asumió también la gestión de los
expedientes de ayudas sociales. «La
renta de garantía de ingresos se ha
comido a Lanbide», llegó a reconocer Aburto, que se ha fijado como
objetivo de legislatura que la inter-
mediación pase del 2% al 5%, aun-
que en Extremadura, por ejemplo, el
servicio autonómico de empleo ha
tenido picos del 14%.
En un seminario sobre ayudas so-
ciales celebrado esta semana en el
Parlamento, expertos y trabajadores
sociales coincidieron en el diagnósti-
co. «Una de las mayores debilidades
de la renta de garantía de ingresos es
la cronicidad», opinó María Silvestre,
de la Universidad de Deusto. Y aña-
dió: «En Lanbide, las personas que
están trabajando en la renta de ga-
rantía de ingresos tienen que tener
una formación específica. Reivindi-
co el trabajo social. Un plan indivi-
dualizado es fundamental. Una per-
sona que está en Lanbide y no sabe
o no le han enseñado cómo realizar
un acompañamiento [del perceptor
para que pase del subsidio al em-
pleo] está dificultando, está magnifi-
cando la cronificación».
El 64% de los 48.000 perceptores
de ayudas sociales en edad de traba-
jar (y en condiciones de hacerlo),
30.897, llevan entre dos y tres años
cobrando ininterrumpidamente la
prestación. Y los datos sólo tienen en
cuenta el período desde que Lanbide
asumió la tramitación de la renta de
garantía de ingresos, diciembre de
2011. Es muy probable, pero quizás
no se conozca nunca aunque Maro-
to ha solicitado esa información, que
muchos de esos 30.000 lleven bas-
tante más tiempo cronificados en un
sistema sin puertas de salida.
El consejero que hace 25 años pu-
so en marcha la renta básica, conoci-
da como Ingreso Mínimo de Inser-
ción (IMI), José Ignacio Arrieta, in-
sistió esta semana en la importancia
de vincular el cobro de prestaciones
a la «formación laboral» y a las «po-
líticas activas de empleo». Y pidió
«discriminación positiva» para los
perceptores de subsidios en los suce-
sivos planes de empleo, sobre todo
en el plano local y comarcal.