El Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona reclama que la policía deje hacer identificaciones de personas en función de su perfil étnico y que se hagan siempre vinculadas a la comisión de un delito o una falta.

Esta es una de las 67 propuestas que el Consejo Municipal de Inmigración de la ciudad de Barcelona ha realizado para mejorar las condiciones legales de las personas en situación irregular y para favorecer su integración social.

El documento “Las 67 propuestas del Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona” se ha presentado hoy en rueda de prensa en la ciudad condal, y en el mismo se ofrecen diferentes vías, dentro del marco normativo, para superar impedimentos en la tramitación de los expedientes de extranjería.

La presentación se ha llevado a cabo hoy en el Colegio de Abogados de Barcelona, que ha participado en la redacción de las 67 propuestas, junto con un grupo de expertos en la materia.

El nuevo documento tiene su origen en la denuncia hecha por el pleno del Consejo Municipal de Inmigración de la “grave situación de indefensión que genera la Ley de Extranjería vigente a muchas personas y familias extranjeras que viven en Barcelona”, se ha informado hoy.

A raíz de esta declaración, el consejo y los expertos designados han elaborado las propuestas, que se basan en la idea de que no se puede hablar de política de integración si se considera la inmigración como un hecho temporal.

Por ello, se propone a todas las instituciones con atribuciones de control en materia de extranjería, que “hagan una aplicación razonable, humanitaria y restrictiva de las disposiciones limitadoras de derechos hacia los extranjeros”.

Se propugnan, así, cambios legislativos que eviten conceptos jurídicos indeterminados, la necesidad y la obligación de respetar los Derechos Humanos y la legalidad en el control de fronteras, y se considera que el Gobierno “debería tener en cuenta la perspectiva más flexibilizadora y humanizadora que se desprende de la diversa jurisprudencia”, dictada por la Sala Social del Tribunal Supremo.

Como medidas concretas, se pide que se permita la prórroga de las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando se extingan las autorizaciones y que se posibilite el empadronamiento sin domicilio fijo, como de hecho hace el Ayuntamiento de Barcelona y que “estaría bien que lo hiciesen más municipios”.

También se propone la concesión simultánea de la autorización de residencia y la de trabajo a los menores de 16 y 17 años tutelados por la Generalitat, para así poder tener derecho al trabajo en las mismas condiciones que el resto de menores.

Por lo que se refiere a los ciudadanos comunitarios y a sus familiares, se reclama que “cesen las prácticas administrativas discriminatorias que impliquen la imposibilidad de documentación de familiares de ciudadanos comunitarios”, ya que desde finales de abril de este año una nueva instrucción en la tramitación de las solicitudes de tarjetas de ascendentes y descendientes mayores de 21 años impide regularizar a familiares que conviven en España con el ciudadano europeo desde hace años.

El Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona es un órgano consultivo y de participación del Ayuntamiento de Barcelona compuesto por entidades y asociaciones de colectivos inmigrantes, que trabajan para la acogida, refugio y asilo, asociaciones vecinales, cívicas, culturales y sindicales representativas de la ciudad y los grupos políticos municipales.