Cristina Fernández envió al Parlamento el proyecto de un nuevo Código Procesal Penal, que recibió muchas críticas de quienes ven en esta reforma un blindaje de los actuales altos cargos ante asuntos de corrupción. Sin embargo, lo que más ruido hizo en la sociedad es la decisión de la jefa de Estado de incluir por primera vez un procedimiento para que los extranjeros que sean «sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito sean expulsados» si su situación migratoria es irregular.

Argentina recibe un enorme flujo inmigratorio de la región, en especial de Bolivia, Paraguay y Perú. La implicación de los inmigrantes, la mayoría indocumentados, en hechos delictivos alcanza el 20 % en Buenos Aires y hasta el 24 % en los suburbios, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones y otros organismos. La reforma anunciada prevé que, cuando se produzca la expulsión por este motivo, los extranjeros no puedan «reingresar al país en 15 años».

Los cuerpos diplomáticos de los países emisarios dejaron entrever, en medio de la sorpresa, que «la iniciativa contraviene la histórica política de brazos abiertos del país sudamericano».

Es «una protección que merecemos los argentinos, que merece el conjunto de la sociedad frente a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente de extranjeros que viene al país a delinquir», explicó la presidenta en la presentación de la reforma, durante la cual admitió que ya espera la polémica.

Desde la oposición, algunos apoyan la medida, y otros se muestran contrarios a ella aludiendo a la Constitución, que habla de un país abierto a los «hombres de buena voluntad», condición que muchos no encuentran en estos miles de extranjeros que llegan para delinquir.

En lo que va de este año, han sido deportados un total de 3.016 extranjeros que habían sido condenados. Otros 2.259 aguardan en las cárceles su expulsión.

Según un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF), uno de cada cinco presos en Argentina es extranjero. El 56 % fueron detenido por delitos de narcotráfico, y no serían deportados, ya que la reforma del Código Procesal Penal solo prevé este castigo para delitos penados con menos de tres años de prisión, lo mismo que para los delitos contra la propiedad (24,93 %) y sexuales (3,52 %).

Además, el delincuente debe estar en el país en situación ilegal y ser detenido en flagrante delito, por lo que el propio Gobierno admite que serán muy pocos los casos en que se llegaría a aplicar la medida.