Un David Cameron desafiante repitió ayer en la Cámara de los Comunes que el Reino Unido no pagará el 1 de diciembre los 2.100 millones de euros que exige la Comisión Europa para cuadrar el presupuesto. «No vamos a pagar una cantidad como esa. Sencillamente no es aceptable que la Unión Europea haga esa clase de peticiones, y menos que lo haga por el procedimiento de urgencia, con un plazo de tan solo un mes», señaló.

La cantidad está basada en los cálculos sobre la marcha de la economía de los países miembros desde 1995. El primer ministro prometió que el Reino Unido «luchará por todos los medios necesarios» y pedirá «la revisión a todos los niveles. Queremos comprobar las estadísticas con las que se ha llegado a esa suma, la metodología que se ha usado. Vamos a examinar todo, hasta el más mínimo detalle», para ver cómo se ha llegado a adjudicar una cifra de esa «magnitud» en el reajuste.

«2.000 millones de euros es el 20% de nuestra contribución neta del año pasado – subrayó – y la contribución bruta de algunos países. No se trata de calderilla, es dinero de los contribuyentes británicos». El primer ministro no rechazó de plano que el Reino Unido deba pagar un extra por la revisión del Producto Interior Bruto, pero «nada parecido a esa cantidad».

Sometido a una fuerte presión de los eurófobos de su partido y del UKIP, que quieren sacar al Reino Unido de la Unión Europea, Cameron alega que la factura le fue presentada de golpe y el Gobierno se vio sorprendido por su magnitud y por el corto plazo para pagar. Sin embargo, el líder de la oposición, Ed Miliband, dio a entender que los funcionarios del Tesoro sabían desde hacía meses de la demanda.

La propia Comisión Europea también afirma que las cuentas no son ninguna sorpresa y amenaza con sanciones al Reino Unido si se niega a pagar su contribución. El comisario europeo de Programación Financiera y Presupuesto, Jacek Dominik, indicó ayer que las autoridades británicas habían sido informadas el 17 de octubre de las cantidades resultantes del ajuste presupuestario y no pusieron objeción alguna, ni en una reunión técnica, ni en el Consejo de Ministros de Economía de la UE.

En los Comunes, Cameron insistió en que habrá renegociación con Bruselas. También recordó que si continúa en el cargo, los británicos decidirán en referéndum a finales del 2017 si el país sigue en la UE. El primer ministro pretende introducir, entre otros cambios, un límite a la entrada de europeos comunitarios, lo que atentaría contra el principio de libre circulación.

El domingo el ministro de Defensa conservador, Michael Fallon, declaró que los pueblos de Gran Bretaña están «inundados» de inmigrantes y sus residentes se hallan «bajo asedio» por parte de los extranjeros que allí se han instalado. Los comentarios fueron criticados por la oposición y por la propia oficina del primer ministro, que acusó a Fallon de haber utilizado un lenguaje equivocado. El ministro dio ayer marcha atrás reconociendo que había sido «algo descuidado con el lenguaje». El término inundado despierta controversia entre los británicos. Margaret Thatcher lo utilizó en 1978, cuando declaró que quería cortar la inmigración procedente de las antiguas colonias británicas.