El paciente al que otro enfermo mental sacó los ojos en el Hospital Clínico de Málaga solicita que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa aseguradora le indemnicen como responsables subsidiarios con 10.080 euros. Se trata de 2.000 euros más de lo que pidió como compensación la Fiscalía para la víctima de este caso.

Asimismo, el abogado que representa a la víctima, Héctor González Izquierdo, coincide en su escrito acusatorio con el representante del Ministerio Público y considera que lo sucedido constituye un delito de lesiones. Ambos solicitan la absolución del agresor al aplicarle la eximente completa por la alteración psíquica que sufre. No obstante, el letrado pretende que el procesado sea internado durante 12 años en un centro adecuado a su trastorno y otros cinco años de libertad vigilada.

Los hechos sucedieron entre las 1.45 y las 2.00 horas del 3 de febrero. Ambos compartían la habitación 208. El procesado, de 22 años y de origen ecuatoriano, tenía sujeción en las cuatro extremidades, pero consiguió sacar la mano derecha sin romper el sistema de cierre, lo que le permitió abrir posteriormente los otros cierres magnéticos, según el abogado.

Una vez liberado, continúa el letrado, arrastró la cama de la víctima –el argelino Mihoub B. de 54 años– hasta aproximarla a la suya. En su escrito, González Izquierdo precisa que, una vez teniéndolo a su alcance, mientras el denunciante se encontraba dormido y sujeto, el presunto autor de los hechos se abalanzó sobre él y «le arrancó los dos ojos con sus manos y, utilizando un cajón de la mesita de noche, le golpeó en la cara».

Tanto la Fiscalía como el abogado señalan a algunas deficiencias observadas en el funcionamiento del centro hospitalario. El abogado denuncia falta de control por parte de los sanitarios, el hecho de que los dos enfermos coincidieran en la misma habitación, al estar las individuales ocupadas, y que la dirección del Clínico sabía, ya que había ocurrido con anterioridad, que otros pacientes se habían liberado de las sujeciones.

Por su parte, la familia de Mihoub B. ha denunciado que solo cobró dos meses los 2.200 euros que el fiscal dijo en su escrito de acusación que venían percibiendo mensualmente desde junio de 2013. «Estamos pasando por una mala situación económica y nadie nos ayuda. Mi padre vive con otras ocho personas en una casa que no está adaptada y en la que no tenemos ni agua», aseguró, la hija de la víctima.