La factura de la renta de garantía de ingresos (RGI), el subsidio al que tienen derecho por ley los residentes en Euskadi que carecen de recursos suficientes para subsistir, se ha incrementado un 86% desde que la crisis comenzara a enseñar los colmillos, allá por 2008. Entonces, cuando todavía eran las diputaciones las encargadas de gestionar la llamada renta básica, Euskadi destino mas de 193 millones de euros a esta ayuda social. Cinco años después, en 2013, el Gobierno vasco desembolsó casi 360 millones en este concepto, un esfuerzo en materia de solidaridad sin parangón en el resto de España. Y a pesar de los que los indicadores económicos macroeconómicos dibujan el inicio de una recuperación que todavía está lejos de notarse a pie de calle, la cuenta no va a ser menor el presente ejercicio. Solo hasta finales de agosto, el gasto ascendía ya a 289 millones de los 334 que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu tiene presupuestados para tal fin, según datos oficiales facilitados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales en una respuesta a la parlamentaria del PSE Txaro Sarasua.

El crecimiento de la inversión en la RGI, cuya cuantía oscila entre los 612 y los 939 euros mensuales según los casos, es consecuencia del incesante goteo de personas vapuleadas por los zarpazos de la crisis. En 2008, cuando empezó a ser palpable el brusco desplome de la actividad, 39.715 ciudadanos la cobraban. Un año después, la cifra se había disparado hasta los 55.410. El pasado septiembre, el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) tenía 65.337 expedientes abiertos de beneficiarios. En resumen, en ese periodo 25.622 personas más, muchas de ellas mujeres solas con hijos a su cargo, se han visto obligadas a solicitar un subsidio sin el que su situación sería todavía más precaria.

Presupuestos desbordados

Dar respuesta a las necesidades económicas de los que, cada vez más, han tenido que buscar refugio bajo el paraguas de la RGI ha obligado a las administraciones vascas a adaptar sus presupuestos año tras año. En 2008, el gasto de las diputaciones en renta básica superó en algo más de cuatro millones los 189.220.000 euros previstos. Un año después, y en vistas del aluvión de demandas que habría que atender, las tres administraciones forales aumentaron la cuantía prevista para el subsidio hasta los 217 millones, una cifra que se quedo corta. A fin del ejercicio se habían gastado 261 millones en dar respuesta a este derecho social, reconocido por la ley: quienes cumplan los requisitos establecidos para acceder a esta ayuda la percibirán, aunque el Gobierno haya consumido el dinero reservado para tal fin. Para 2012 el Ejecutivo autónomo, que a través de Lanbide ya se encargaba de gestionar la RGI, había presupuestado 283 millones y tuvo que hacer frente a una factura que ascendió a 347.475.607,47 euros.

La RGI no es la única ayuda que apuntala el sistema de protección vasco, el mas generoso de toda España, que ha desencadenado una mayúscula trifulca política por las andanadas del PP. Al importe necesario para mantener el sistema de RGI hay que añadir la prestación del complementaria de vivienda (PCV), que alcanza hasta 250 euros mensuales y para el que en 2013 se destinaron casi 76 millones de euros, frente a los 51 que que se gastaron cuando se creó en 2010.