En Melilla y Ceuta, la presión migratoria desde África, que se ha incrementado como consecuencia de la crisis económica sistémica, no se puede limitar mediante la valla y las devoluciones en caliente, que parecen las medidas más mediáticas. En realidad se ha venido controlando mediante los Centros de Acogida Temporal de Inmigrantes (CETI), y los traslados organizados por la Administración Central desde esos lugares a la Península, todas ellas con una orden de devolución no ejecutada porque no se conocía el país de procedencia de cada persona.

Como en España no se les va a documentar, los inmigrantes subsaharianos continúan su viaje migratorio hacia otros países europeos, francófonos o anglófonos, con los que tienen más afinidad cultural y donde disponen de redes sociales y familiares de acogida y autoayuda.

Esta política del avestruz es la misma que emplean otros países europeos con los inmigrantes de origen latinoamericano que reciben, a los que ponen todo tipo de dificultades para legalizarles, esperando que al final recalen en España. Italia hace lo mismo con los argelinos y senegaleses hasta que emigran hacia Francia, que a su vez envía hacia Reino Unido a los inmigrantes que proceden de antiguas colonias inglesas. Así cada país europeo intenta escurrir el bulto como si el problema no fuese con ellos.

Los países desarrollados intentan marcar los tiempos, los números, los procedimientos, pero cuanto mayor es el desequilibrio económico, más difícil es regular el flujo migratorio. Este utilizará los canales irregulares, siempre abiertos y más accesibles, sabiendo que tienen un sitio en la economía sumergida de los países de acogida, fraude funcional económicamente porque aporta entre el 15% y el 23% del PIB de la Unión Europea.