Oposición, juristas, guardias civiles, ONG y grupos humanitarios rechazan la deportación en la frontera de los inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla
El Gobierno no encontrará un solo aliado para sacar adelante una propuesta que legalice las devoluciones en caliente, forma coloquial parta definir la expulsión inmediata a Marruecos de los inmigrantes ilegales que logran acceder a suelo español tras superar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Es más, de seguir adelante con su proyecto de aprobar esta práctica mediante una enmienda de última hora a la Ley de Seguridad Ciudadana, tendrá que ignorar el rechazo frontal de todos los partidos de la oposición, jueces, el Consejo General de la Abogacía, asociaciones de guardias civiles y, por supuesto, decenas de ONG y grupos humanitarios que trabajan sobre el terreno.
 
En el Congreso las críticas a la propuesta del Ejecutivo están encabezaddas por PSOE e IU. La portavoz socialista de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, defendió hoy que “cuando una persona llega a territorio español debe ver respetados sus derechos para solicitar asilo o refugio tanto si lo hace a través del perímetro fronterizo de la ciudad autónoma como del aeropuerto de Barajas”. Para IU, “lejos de acabar con estas prácticas inhumanas, el Gobierno anuncia la reforma de la ley para legalizar muchas de ellas, dejando claro que quiere darles cobijo legal”.
 
En el campo de la judicatura la asociación Jueces para la Democracia considera que “sacar por la puerta de atrás a los inmigrantes choca con los tratados internacionales que ha rubricado España”. No sólo eso, también se recuerda al Gobierno y al Partido Popular que “los derechos humanos deben respetarse”. El Consejo General de la Abogacía comparte los mismos argumentos que Jueces para la Democracia. El máximo órgano de representación de los letrados
se declara contrario a “una política de fronteras abiertas”, pero recuerda que el Gobierno debe velar por “el respeto de derechos y garantías esenciales en un Estado de Derecho”. “Quien tenga que ser rechazado, devuelto o expulsado, porque evidentemente ha cruzado la frontera por donde no debía y sin los documentos precisos, que lo sea con todas las garantías y respetando siempre los procedimientos”, exigen los abogados. 
 
La política de devolver en caliente a los inmigrantes es motivo de crítica desde hace años por parte de asociaciones de la Guardia Civil que reclaman que se brinde seguridad jurídica a los agentes que vigilan las vallas fronterizas siguiendo órdenes de Interior. De hecho, esta práctica ya ha supuesto la imputación del jefe del cuerpo en Melilla. Un juez de instrucción de la ciudad autónoma ha acusado al coronel Ambrosio Martín Villaseñor de prevaricación al considerar que amparó las devoluciones a sabiendas de que son contrarias a la ley, una imputación que no podría hacerse de estar vigente la reforma legal que impulsa el PP. La Asociación Unificada de Guardias Civiles rechaza, no obstante, que estas garantías jurídicas para los agentes “nazcan a costa de restar derechos a los inmigrantes”. 
 
SIN DERECHO AL ASILO
 
Las ONG son, sin duda, las más beligerantes con la posición del Gobierno. Más de 70 de ellas han denunciado en un documento conjunto como miles de inmigrantes subsaharianos que llegan a la frontera huyendo de conflictos y violaciones de derechos humanos en sus países ven violado de forma sistemática el derecho internacional a la solicitud de asilo. “Se les recibe con concertinas y se les devuelve a Marruecos de forma irregular donde son víctimas de violaciones de sus derechos humanos”, critican estas organizaciones humanitarias. 
 
Todos y cada uno de estos colectivos han advertido al Gobierno de que acudirán a las máximas instancias judiciales en España y Europa para impedir la legalización de las devoluciones en caliente. Así las cosas, al PP sólo le restan dos salidas, dar marcha atrás en la legalización de las deportaciones exprés en la frontera o seguir adelante con su iniciativa, solo y contra todos.