MADRID. Las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla que pretende legalizar el Gobierno no solo chocan con los tratados internacionales, según algunos juristas, sino que no pueden ser tan inmediatas puesto que incumplen con el derecho a ser escuchados antes de “sacarlos por la puerta de atrás”.

Esta es una de las conclusiones de varios juristas consultados por Efe que cuestionan el proceso puesto en marcha por el PP, para dar cobertura legal y jurídica a una práctica que rechazan la oposición parlamentaria y ONGs, aunque otros juristas sostienen que las devoluciones son perfectamente legales y han existido siempre.

Un procedimiento que responde a una enmienda presentada al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, y que modifica la Ley de Extranjería, que pide que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal”.

Más allá de la cuestión semántica sobre la conveniencia de optar por “devolución en caliente” o “rechazo en la frontera”, algunos juristas sostienen que en ambos casos el objetivo es el mismo: expulsar con carácter inmediato a los inmigrantes que intenten entrar de forma irregular en España.

Pero la rapidez a la hora de ejecutar la devolución resulta “incompatible” con el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes; es decir, a ser escuchados antes de ser devueltos.

“No se puede devolver por la vía rápida a nadie que está en suelo español, ya que hay que analizar cualquier solicitud de asilo que se pueda dar”, asegura el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que añade que en estos supuestos “los derechos humanos deben respetarse y eso implica que se deban atender sus peticiones”.

La propuesta del PP es “contraria” al ordenamiento jurídico español y, “peor aún”, a los convenios internacionales que regulan la materia, denuncia Bosch cuya reflexión comparte Álvaro García, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Defiende que los términos de los tratados internacionales no son proclives a las devoluciones en caliente y que por lo tanto los legisladores españoles no pueden estar por encima de una ley superior.

“Todas las personas que cruzan ilegalmente una frontera tienen unos derechos con una serie de garantías”, explica. “Si les devuelves en caliente, entonces no sabes cuales son, no los escuchas”, precisa el fiscal.

En los mismos términos se expresa el Consejo General de la Abogacía Española que recuerda al Ejecutivo que cualquier modificación de la Ley de Extranjería debe respetar el derecho constitucional “a ser escuchado con las debidas garantías”.

“Al saltar la primera valla el inmigrante ya entra en España y por tanto hay que hacerle un expediente individual con abogado y dictar una resolución recurrible”, explica Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía.

Lo que no es admisible, afirma, es que el PP “haga un encaje de bolillos para disfrazar de legal lo que ha sido ilegal y seguirá siéndolo, porque su propuesta incumple la ley internacional”.

Otros juristas como Marcelino Sexmero, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, amparan los cambios en la ley al “establecer una reglamentación que es más clara que la actual en Ceuta y Melilla”.

Con todo, sostiene que las devoluciones son perfectamente legales y han existido siempre, si bien reconoce que “no tenían cobertura legal porque no hacía falta”. “Eso se hace en cualquier frontera”, agrega.

Las llamadas “devoluciones en caliente” no están recogidas en la normativa actual, pero existe un tratado con Marruecos que permite a España devolver de forma ágil a los inmigrantes que han entrado ilegalmente por la frontera marroquí.