El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, acusó ayer al alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), de “confundir” e intentar generar una “preocupante” confrontación social sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Aburto hizo estas afirmaciones en los pasillos del Parlamento Vasco al ser preguntado por las declaraciones de Maroto, quien ayer en rueda de prensa aseguró que los datos aportados por el Gobierno Vasco sobre la RGI dejan claro que Aburto, tiene “una bomba de relojería entre las manos” y necesita abordar reformas.

El Departamento de Aburto hizo públicos el miércoles, a través de una respuesta parlamentaria dirigida al PP, datos relacionados con los cobros de estas prestaciones, según los cuales, el 47,5 % de las 65.337 personas que perciben RGI en Euskadi no son pensionistas y no han nacido en España.

“Acabo de estar con la consejera de Seguridad y no me ha dicho nada de la bomba de relojería”, ironizó en un primer momento Aburto, quien también dijo que le parecía “preocupante” que los datos que se ofrecen con “absoluta transparencia” en sede parlamentaria sean “trabajados o comunicados” fuera de la Cámara.

El consejero insistió en que de esos datos no se infiere que se incumpla la ley establecida y calificó de “sorprendente” que después de 25 años de vigencia de la normativa que regula estas ayudas se ponga ahora el énfasis en que uno de los requisitos básicos sea el empadronamiento.

mejorar la gestión Así, Aburto aseguró que Lanbide intenta hacer las cosas “cada vez mejor”, si bien reconoció que existen “fallos” y que hay que mejorar la “gestión”. No obstante, insistió en que el Gobierno Vasco va a seguir trabajando para lograr una mayor eficiencia y que las prestaciones lleguen a las personas que las necesitan.

“Hay 65.000 personas que gracias a la solidaridad de la ciudadanía vasca perciben una prestación que les permite vivir con dignidad y creo que ese es un valor a preservar”, enfatizó.

También apeló al diálogo e indicó que la sostenibilidad del sistema debería ser algo a debatir entre todos. “Yo creo que el sistema debería ser sostenible y lo defiendo porque creo en la dignidad de las personas y porque establecer un precio a esa dignidad es algo en lo que no van a contar conmigo para hacerlo”, resumió.

También criticó que Maroto afirme que no se le han facilitado datos del número de perceptores de la RGI que han cotizado antes a la Seguridad Social porque, según dijo el consejero, es una información que él no puede dar porque no le corresponde.

Aburto reconoció que un porcentaje importante de la gente que cobra la RGI está en situación de vulnerabilidad y de dificultad para acceder a un trabajo y aclaró que Lanbide “está intentado activarla”.

Además recordó que las personas irregulares tienen “derecho al arraigo” y que con tres años de empadronamiento si tienen un contrato de trabajo pueden regularizar su situación.

“No es cierto que las personas irregulares no lo puedan hacer pero necesitan tres años para acceder al arraigo”, resumió Aburto.