El Gobierno tiene todo a punto para dar cobertura legal a las devoluciones inmediatas de inmigrantes que la Guardia Civil realiza en la valla de Melilla sin ningún tipo de garantía jurídica, las llamadas devoluciones en caliente. Mientras el PP presentaba anteayer una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana para cambiar la Ley de Extranjería y dar vía libre a estas prácticas, el Ministerio del Interior informaba ayer de un protocolo «que entrará en vigor» una vez hechos estos cambios.

La enmienda persigue incorporar a la Ley de Extranjería una disposición adicional que establece que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Esto implica enviar al inmigrante en el acto por donde ha venido, sin ofrecerle ni abogado, ni intérprete, ni posibilidad de pedir asilo, ni llevarle a comisaría ni identificarle.

El protocolo –que había sido muy reclamado por los propios guardias civiles– dice algo muy importante: que «la entrada ilegal en España de inmigrantes se entenderá consumada en caso de rebasar completamente el sistema perimetral de seguridad». En otras palabras, el inmigrante sólo estará en España cuando supere este «sistema perimetral de seguridad». ¿Y qué se entiende por «sistema perimetral de seguridad»? El ministro Jorge Fernández Díaz lo vino a explicar ayer en el Congreso, al responder a los periodistas que los «obstáculos que están establecidos en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla» lo forman «los medios físicos», que son «las vallas», y «los medios humanos», que es la Guardia Civil. O sea, la frontera es la persona. ONG y destacados juristas consultados por este diario coinciden en que «es inconstitucional» cambiar la ley para legitimar estas prácticas. Éstas son algunas de sus críticas:

LA FRONTERA.El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Enrique Gimbernat afirma categóricamente que las vallas de Ceuta y Melilla «están colocadas en suelo español». «No se puede cambiar de forma arbitraria la frontera», recuerda. «Esta enmienda va a resultar sumamente satisfactoria para las pretensiones territoriales de Marruecos, porque sólo arroja dudas sobre los límites territoriales de Ceuta y Melilla con el país vecino», apunta por su parte Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal en la misma universidad. Cristina Manzanedo, abogada de la ONG jesuita Pueblos Unidos, se pregunta: «Si dicen que estos inmigrantes no han entrado en suelo español, ¿cómo pueden legislar sobre un territorio que no es tuyo?».

DERECHO A AUDIENCIA.Los guardias que devuelven por la fuerza a inmigrantes a Marruecos realizan un acto administrativo. En él, como mínimo, es necesario el respeto al principio de audiencia; es decir, que el afectado pueda alegar lo que a su derecho interese. «Entendemos que no puede ser constitucional porque se atenta contra el derecho a audiencia, que es la garantía de otros derechos, como el derecho de asilo», dice Francisco Solans, portavoz de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.

DERECHO DE ASILO Y DOCTRINA INTERNACIONAL. «Para hacer este cambio, habría que derogar la Ley de Asilo española y denunciar varios convenios internacionales. Entra en conflicto con la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos», afirma Gimbernat.

PROCEDIMIENTO. «La modificación de una ley orgánica, como es la Ley de Extranjería, requiere un procedimiento que exige que este cambio sea sometido a los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal o del Consejo de Estado. Al introducir ex novo [de nuevas] esta enmienda a un texto que ya está en el Congreso, parecen querer burlar los requisitos procedimentales», dice Martínez Escamilla.

TÉRMINO NUEVO.Interior habla de «rechazo en frontera», un término de nueva creación «que no tiene valor jurídico», según los juristas. Están la devolución, la expulsión y la denegación de entrada, pero no el rechazo.

UNA DUDA. Los juristas no entienden que Interior defienda la legalidad de estas prácticas. No sólo van en contra de la actual Ley de Extranjería, sino del Tratado de Readmisión con Marruecos de 1992, que Interior prometió respetar. «Si tales actuaciones están amparadas en la ley, ¿para qué quieren cambiarla? Podríamos pensar que para que se sobresea la causa penal en que está imputado por un presunto delito de prevaricación por devoluciones en caliente el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla», deja caer Martínez Escamilla.

segunda entrada de inmigrantes en 48 horas

Melilla registró ayer un nuevo intento de entrada de inmigrantes a través de la valla fronteriza, el segundo en apenas 48 horas y el octavo en octubre. La tentativa se produjo en la zona del perímetro que rodea al cementerio musulmán y a pocos metros del Club de Campo, ante la indiferencia de los golfistas que jugaban. Alrededor de 200 inmigrantes participaron en este intento. Una veintena logró acceder a la ciudad, mientras que en torno a un centenar se encaramó a la valla, donde algunos permanecieron durante más de 12 horas, pese al calor y a la falta de agua y de alimentos.