Dicen que no hay nada más apetecible para un político que un altavoz. Lo importante para muchos de ellos no es lo que se dice, sino el tono que se utiliza. No importa que el mensaje sea dudoso, injusto, mentiroso, falaz o calumnioso. Es igual si creen lo que dicen, si se autoengañan, o si no sienten escrúpulos. Lo importante es emitir el mensaje con rotundidad, con firmeza, poniendo acento en todas las palabras, incluso impregnándolas con gomina para que el público no pueda desprenderse de ellas.

Cuando a esos políticos les quitan el micrófono se quedan desnudos. No pueden taparse con sus promesas, afirmaciones o compromisos porque están huecos, terriblemente vacíos. Lo sabemos, pero no nos indignamos. Estamos tan acostumbrados, tan defraudados, que ya ni reaccionamos. Nos encogemos de hombros y esperamos a la siguiente.

Aparentemente al PP del País Vasco le han quitado el altavoz de un manotazo. En forma de auto dictado por el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, con base en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Asegura que la sede del PP en Bilbao, que costó 210 millones, se pagó con la caja B o dinero negro del PP estatal, alimentado con donaciones, impuestos revolucionarios, o chanchullos indefinibles. Según el auto, en la contabilidad de Bárcenas aparecen entregas y transferencias sistemáticas desde noviembre de 1999 hasta noviembre de 2005.

Yo necesito una explicación muy convincente, para poder creer en su inocencia. Desde el mes de agosto, Nerea Llanos, Iñaki Oyarzábal, Carlos Iturgaiz, Arantza Quiroga y Borja Samper, entre otros, han lanzado por los micrófonos acusaciones sin pruebas contra los batzokis del PNV, y Javier Maroto ha denunciado a los inmigrantes de Marruecos y Argelia por fraude a la Seguridad Social. Si ahora Ruz demuestra que las explicaciones de Oyarzábal y Quiroga no son ciertas, tendrían que marcharse con el rabo debajo de las patas.