madrid. El Gobierno ha sostenido hasta la saciedad que las ‘expulsiones en caliente’ de inmigrantes a Marruecos a través de las vallas de Ceuta y Melilla son legales porque no son más que ‘rechazos en frontera’ dado que los subsaharianos no habrían entrado en territorio español. Sin embargo, el Ejecutivo ahora se apresta a reformar deprisa y corriendo merced a su mayoría parlamentaria la ley de extranjería para tratar de legalizar estas deportaciones exprés sin burocracia después de admitir, por primera vez y tras centenares de devoluciones a Marruecos, «zonas de confusión» y de «inseguridad jurídica» en la actuación de las fuerzas de seguridad contra la inmigración irregular en los perímetros de las dos ciudades autónomas.

La fórmula elegida por el Ejecutivo para esta reforma contra reloj y por la puerta de atrás de la ley de extranjería es introducir, a través del grupo popular, una enmienda de adición a la ley de seguridad ciudadana, que se tramita en el Congreso y que no guarda ninguna relación con la inmigración.

«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Así reza la enmienda que el PP aspira en convertir en «disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla» de la ley de extranjería.

El PP, que ha introducido otras 24 enmiendas a la ley de seguridad ciudadana, justifica la necesidad de estos cambios para que la normativa de extranjería «responda a la singularidad geográfica y fronteriza que concurren en las ciudades de Ceuta y Melilla». «La singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario», apunta el texto de los populares.

Negación

El titular de Interior se apresuró a negar que el Gobierno trate de dar cobertura legal a las deportaciones exprés. Jorge Fernández Díaz insistió en que no hay «devoluciones en caliente» porque son «ilegales» y que el objetivo de la reforma es dar cobertura jurídica al «rechazo en frontera» de los inmigrantes que se quedan en el «entrevallado» y no consuman su entrada, de acuerdo con la interpretación de Interior, que sigue sosteniendo que la frontera de España no es la valla física sino el cordón policial montado en territorio español. «Para que se pueda devolver un inmigrante tiene que haber entrado», resumió Fernández.

Menos tajante se mostró el titular de Justicia. Rafael Catalá, por primera vez, mostró las dudas del Gobierno sobre el sustento legal de las deportaciones a través de la puerta de servicio de la valla, una práctica que ya le ha valido la imputación por prevaricación al jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor.ç

Catalá admitió que existen «zonas de confusión» y de «inseguridad jurídica» en la actuación de las fuerzas de seguridad contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla. En esa línea defendió que el Ejecutivo tiene la «obligación de dotar de herramientas jurídicas suficientes y de un «marco normativo claro» a la Guardia Civil.

«Hay alguna zona de confusión que no garantiza las reglas de las fuerzas de seguridad», reconoció, antes de insistir en que hay «zonas de debate jurídico» y «en algunos casos zonas de inseguridad». «Si tenemos alguna zona de dudas legislativa, tenemos que proponer alguna reforma», apostilló.

La introducción de la reforma de la ley de extranjería en la ley de seguridad ciudadana provocó el enfado de buena parte de la oposición, particularmente de IU y, sobre todo, del PNV. El portavoz de Justicia de este último partido, Emilio Olabarria, calificó de «tropelía y ocurrencia» la propuesta de reforma de la Ley de extranjería del PP y recordó que las devoluciones ‘en caliente’ son «un delito penal».