La opinión de los expertos juristas, de las organizaciones sociales y de las asociaciones defensoras de derechos humanos coincide en que cualquier cambio en la actual Ley de Extranjería que facilitara de alguna forma las llamadas expulsiones o devoluciones “en caliente”, violaría el Convenio Europeo de Derechos Humanos y rebasaría los límites del ordenamiento jurídico en España y en Europa.

Contestan así con rotundidad y con la ley en la mano a la enmienda presentada por el Partido Popular por la que pide una reforma de la actual legislación en materia de extranjería para que en su articulado se recoja la expulsión de los inmigrantes que intentan entrar por las vallas de Ceuta y Melilla.

“Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. Este es el párrafo que el PP quiere que figure como “Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla” en la Ley de Extranjería.

Esta modificación, que ya fue propuesta por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado mes de febrero, tras las muertes del Tarajal en Ceuta, darían cobertura legal a una práctica ilegal y punible que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Estos hechos fueron ya denunciados en su día por organizaciones de peso internacional como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ACNUR, Caminando Fronteras o PRODEIN. Pero, ahora, además cuentan con el respaldo de los expertos juristas que aseguran que “la devolución en caliente supone una vulneración de derechos básicos de la persona que migra y que están recogidos en las leyes de extranjería que se ciñen al ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

Una “singularidad”

Así lo recogía recientemente un informe jurídico ‘Expulsiones en caliente: cuando el Estado actúa al margen de la ley’ realizado por los mayores expertos en materia jurídica y de extranjería del país.

A juicio de los populares “la singularidad de ambas ciudades queda ejemplificada entre otros, por el hecho de que constituyan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en territorio africano y cuenten con un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico comunitario. Es preciso, por lo tanto, reflejar expresamente dicha singularidad”.

Pero, según los juristas: "Esta singularidad no puede ni debe permitir al Estado saltarse los convenios internacionales e incumplir de manera flagrante los derechos humanos”. Incluso el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha señalado que España debe garantizar el derecho que tiene toda persona a pedir asilo y acatar la prohibición de las expulsiones colectivas.