El Gobierno dará cobertura legal a las devoluciones de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla con una enmienda del PP al proyecto de ley de seguridad ciudadana que se tramita en el Congreso.

La enmienda de los populares introduce una disposición adicional que modifica la ley de extranjería y que asegura que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

El asunto es conflictivo porque los convenios internacionales firmados por España y las leyes rechazan expresamente las llamadas devoluciones en caliente y exigen que un inmigrante que cruce la frontera tenga asistencia letrada, exámenes para determinar si es menor y que se compruebe que no es perseguido en su país. Las ONG consideran que se debe considerar entregas en caliente, incluso las que se producen cuando el inmigrante está en el intervallado y un juez de Melilla ha imputado por esto al coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma.

Esta tesis la mantiene reiteradamente el Defensor del Pueblo. Incluso, la actual titular de la institución, Soledad Becerril (exdiputada del PP) aseguró el pasado 9 de abril en el Senado: “Nos duele enormemente la imagen desgarradora de personas subidas en una valla o en lo alto de un poste, por eso, a esas personas tenemos que tratarlas conforme a la legalidad: no hay devolución en caliente si están en territorio español y creemos que lo están”. Es decir, que en su opinión sí son devoluciones en caliente las entregas de inmigrantes que ya han cruzado la valla.

Por el contrario, Interior considera que no son entregas en caliente las que se producen incluso cuando se haya cruzado la valla. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha explicado en el Congreso que “es rechazo en frontera y no devolución en caliente”. El Gobierno defiende así las devoluciones a Marruecos de inmigrantes que tras cruzar la valla están a disposición de las Fuerzas de Seguridad. Por eso, el ministro volvió a defender ayer la actuación de la Guardia Civil en vídeos difundidos en las últimas semanas en los que se ve cómo los agentes llevan al otro lado de la alambrada a inmigrantes que ya la han cruzado. Para él, eso no es devolución en caliente.

Esta posición ya la mantuvo en febrero en el Congreso cuando a propósito de la muerte de 13 inmigrantes en Ceuta defendió la devolución que se observaba en los vídeos oficiales de inmigrantes que habían llegado a territorio español.

Para el ministro del Interior se trata de “dar cobertura legal al rechazo en frontera” y el titular de Justicia, Rafael Catalá, reconoció que existen “zonas de confusión” y de “inseguridad jurídica” en la actuación de las fuerzas de seguridad contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla que deben ser solucionadas.

Todos los demás partidos rechazaron ayer esta enmienda del PP y grupos como Amnistía Internacional anunciaron su intención de recurrirla en la Unión Europea.

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, aseguró que no es la forma de abordar el problema. Y el portavoz de Justicia e Interior del PNV, Emilio Olabarría, advirtió que el artículo 4 del Protocolo cuarto al Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe esas entregas y el artículo 611 del Código Penal tipifica como delito la deportación ilegal.

En su opinión esas entregas sí son devoluciones en caliente. El diputado cita la sentencia 99/1985 del Tribunal Constitucional que establece que la protección de los derechos y deberes que se atribuyen a los extranjeros en la Ley de Extranjería —elaborada por el Gobierno del PP que presidía José María Aznar en 2000 – “les afecta aun cuando no hayan entrado en sentido estricto en España, sino solo se encuentren fácticamente en territorio español, es decir, en situación de sometimiento a un poder público español”.

El pasado mes de junio un grupo de catedráticos y profesores de derecho hicieron público un documento en el que se consideraba que las devoluciones de inmigrantes que hayan cruzado la valla son entregas en caliente y, por tanto, ilegales. Entre los firmantes estaban los exmagistrados del Tribunal Constitucional Pablo Pérez Tremps y Elisa Pérez Vera y el letrado del Constitucional José Miguel Sánchez Tomás.

El otro punto de controversia es la técnica legislativa utilizada: aprovechar una ley en trámite para introducir una enmienda que modifica otra. Ya se hizo así con la eliminación de la Justicia universal y lo que se consigue es un procedimiento más rápido con mucho menos debate y, sobre todo, sin informes de los órganos constitucionales. Al hacerlo así, sin proyecto de ley del Gobierno, no se piden informes al Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, lo que evita polémicas públicas, pero impide aportaciones técnicas o de corrección legislativa.