La aseguradora Mapfre no ha atendido por el momento al requerimiento que le hizo el expresidente de Caja Madrid.

La imputación de Ángel Acebes en el caso Bárcenas ha llevado al PP a reiterar en un comunicado que su única contabilidad es la auditada por el Tribunal de Cuentas, mientras el PSOE ha señalado al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, como “jefe de la cuadrilla” de la caja B.

El PP quiere legalizar las “devoluciones en caliente” o inmediatas de inmigrantes cuando intenten entrar de forma irregular en España, una iniciativa que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha matizado al dejar claro que solo se busca dar cobertura jurídica a los “rechazos en frontera”.

La propuesta del PP tiene forma de enmienda y ha sido presentada como una más de las 25 registradas al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que ha iniciado ya su tramitación parlamentaria después de que el Congreso rechazara las nueve enmiendas a la totalidad de la oposición.

Una oposición que ha salido de nuevo en bloque junto a algunas ONG como Amnistía Internacional contra esta enmienda que pide que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal”.

Se trata, en definitiva, de que la actual de ley de Extranjería, cuyo reglamento fue aprobado en 2011 (la última modificación de la norma es de 2009) incluya los aspectos singulares que concurren en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Precisamente, el artículo 23 del reglamento regula que los extranjeros que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones serán trasladados a comisaría para proceder a su devolución, si bien tendrán derecho a asistencia jurídica e intérprete.

Las llamadas “devoluciones en caliente” no están recogidas en la normativa actual, pero existe un tratado con Marruecos que permite a España devolver de forma ágil a los inmigrantes que han entrado ilegalmente por la frontera marroquí.

Con todo, el titular de Interior ha defendido siempre que estas devoluciones inmediatas son “ilegales” y, por tanto, ha “negado la mayor” de que la enmienda pretenda legalizar este asunto. Lo que se busca, ha añadido, es respaldar y dar cobertura jurídica al concepto de “rechazo en frontera”.

“Para que se pueda devolver (a un inmigrante) tiene que haber entrado”, ha vuelto a insistir hoy Fernández Díaz en el Congreso, donde ha explicado que en el caso que regula la enmienda se trataría de personas que no consuman su entrada en España al quedarse en el entrevallado.

Con todo, las reacciones a la medida de los populares no se han hecho esperar. Sin entrar a fondo en ella, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sí ha reconocido que existen “zonas de confusión” y algunas “inseguridades jurídicas” en la actuación de las fuerzas de seguridad contra la inmigración irregular en Ceuta y Melilla que deben ser solucionadas.

La solución, sin embargo, no pasa “por sacar por la puerta de atrás” a los inmigrantes, ha dicho el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, antes de reclamar al Ejecutivo un plan integral de actuación en las fronteras de las ciudades autónomas.

Más allá ha ido el diputado de IU Ricardo Sixto que ha tildado a Fernández Díaz de “auténtico chapuzas legal”. “La UE la paralizará porque incumple acuerdos internacionales”, ha vaticinado el parlamentario.

Y de “tropelía” ha tachado la propuesta el diputado del PNV Emilio Olabarria quien ha subrayado que se puede llamar como se quiera un concepto porque la conducta seguirá siendo un delito porque es ilegal.

Melilla lleva meses sufriendo una extrema presión migratoria, con alrededor de 60 intentos de entrada masiva en 2014, una cifra que duplica las registradas el año anterior y que supone una media de seis al mes.

Hoy mismo se ha vivido el último intento masivo de entrada. 17 subsaharianos han accedido a Melilla de los más de 200 que querían hacerlo.

A todo ello se suma que el jefe de la Guardia Civil en Melilla, el coronel Ambrosio Martín Villaseñor, ha sido imputado por devoluciones de inmigrantes en la valla con Marruecos.