La sentencia de Gema Conde, diputada del PP, resonó este septiembre en la Comisión de Interior: “Alejémonos del buenismo malentendido y de mundos sin fronteras”. La parlamentaria respondía así a las críticas de la oposición por la reintroducción de concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla en 2013. Pero, con esas palabras, también volvía a fijar la postura defendida por los sucesivos Gobiernos sobre la lucha contra la inmigración irregular en ambas ciudades. Dos enclaves donde se erigen sendas verjas fronterizas que acumulan ya una inversión de, al menos, 140 millones de euros, según los datos recopilados por EL PAÍS, procedentes de las cifras facilitadas por el Ministerio de Interior en los últimos 15 años.

Estas estructuras metálicas, de seis metros de altura actualmente, bordean las dos localidades españolas desde que se empezaran a levantar a mediados de los 90, cuando se multiplicó la llegada de sin papeles procedentes del África subsahariana. El Ejecutivo de Felipe González (PSOE) la proyectó en Ceuta y el de José María Aznar (PP) en Melilla. Con ellas, decidieron poner un muro a la inmigración. Y el Estado, al terminar esa década, ya había desembolsado más de 9.800 millones de pesetas (58,9 millones de euros), según las cifras proporcionadas entonces por las delegaciones del Gobierno y manejadas por varias ONG.

Todo para erigir las primeras verjas de dos metros —elevadas inmediatamente a tres al considerarse “insuficientes” para soportar la presión migratoria—, instalar cámaras térmicas, torres de vigilancia y sensores. Instrumentos que, desde entonces, coleccionan las críticas de los colectivos sociales. Allí han denunciado las devoluciones en caliente y las agresiones a sin papeles. Estos grupos, además, han calificado reiteradamente de “ineficaces” las vallas. “Si el objetivo es la lucha contra la inmigración irregular, la inversión se equivoca de sitio. Sería mejor destinarla a los puntos principales de entrada, como los aeropuertos”, subraya Carlos Arce, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

Porque, como insisten las ONG, las verjas no logran frenar los flujos migratorios. Si no pueden entrar saltando las vallas, lo harán en patera. O en dobles fondos de vehículos. O en los bajos de un camión. O escondidos en las hélices de los ferrys. “Las alambradas solo consiguen que se desvíen. Provoca que se creen rutas cada vez más peligrosas”, apunta Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). De hecho, apoya sus argumentos en los propios datos de Interior: cerca de 28.000 inmigrantes han llegado a Ceuta y Melilla entre 2004 y 2013, utilzando todas las vías posibles (dobles fondo, superando la alambrada o pateras, por ejemplo).

“Año tras año se van sofisticando los sistemas instalados en las verjas, pero no se producen descensos significativos. Solo fluctuaciones. Pero, mientras tanto, las lesiones que causan son cada vez más graves”, recalca Arce. Los datos evidencian esas oscilaciones, marcadas siempre por una constante entrada de sin papeles. El pasado ejercicio accedieron a ambas ciudades 4.261 de forma irregular. En 2005, cuando se produjo la primera crisis de las verjas, arribaron a las dos localidades 5.569 papeles. Ese año, por primera vez, se sucedieron los primeros saltos masivos a las vallas. Y, en apenas tres meses, ocho subsaharianos —tres en Melilla y el resto en Ceuta— perdieron la vida en la frontera. Los últimos cinco, tiroteados.

Fue precisamente cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) apostó por invertir 39 millones de euros para blindar aún más Ceuta y Melilla, como consta en una reciente respuesta parlamentaria de la Secretaría de Estado de Seguridad. Los socialistas redoblaron la altura (hasta los seis metros) de las vallas y colocaron las polémicas concertinas, retiradas en 2007 ante la presión de los colectivos sociales y reintroducidas por Mariano Rajoy (PP) en 2013.

Los saltos desbordaron hace una década al Ejecutivo español y pusieron en alerta a la Unión Europea. “La gran escala y los intentos coordinados para entrar en Ceuta y Melilla son un fenómeno nuevo, indicación clara de la creciente presión migratoria en Marruecos y Europa”, advertía ya una delegación especial de la Comisión Europea enviada a las dos ciudades. Desde entonces, respaldados por Bruselas, el gasto de España en las vallas no ha cesado: 35 millones entre 2006 y 2014. Según ha explicado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, el Ejecutivo ha previsto para este año un gasto extraordinario de más de dos millones para reforzar las verjas.

Un grupo de inmigrantes intenta superar la valla de Melilla el 28 de mayo, en el salto más numeroso de 2014. / s. p. (ap)

El dinero desembolsado en la frontera se ha traducido en más alambradas, más sistemas especiales antisalto, más cuchillas y, por último, en mallas antitrepa. Este último dispositivo se ha introducido este mismo año, tras una nueva crisis de las vallas. Empezó con la muerte de 15 sin papeles en la playa ceutí de Tarajal el pasado febrero, cuando un grupo de 400 subsaharianos intentó entrar en España. Y continuó con reiterados saltos en Melilla, a donde se trasladó la presión migratoria.

Aunque los, al menos, 140 millones de euros gastados solo ha servido, según Estrella Galán, para “fracasar” y “causar dolor y drama”. Los saltos en Melilla no han cesado. En lo que va de año, cerca de 1.900 sin papeles han entrado en la ciudad tras superar la alambrada. Mil más que el pasado 2013, cuando utilizaron esta vía 830. Y cuatro veces más que en 2012, cuando lo hicieron 390; según las cifras de Interior.

“Todo será ineficaz mientras no se solventen las causas de origen que provocan la expulsión de seres humanos de su país”, remacha la representante de CEAR, que apuesta por más partidas para políticas de cooperación. En esa idea ahonda Amnistía Internacional, que denuncia la desproporción que existe entre el gasto que España destina al control de sus fronteras y el reservado para ayuda a los refugiados: 289 millones frente a 9 millones, en el periodo comprendido entre 2007 y 2013.

El Gobierno, por su parte, sigue invirtiendo en las vallas de Melilla y Ceuta. Con el objetivo, según las palabras utilizadas por Fernández Díaz, de lograr una “impermeabilización de la frontera”. Y en el Congreso, a su vez, el PP defiende todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo, aunque sean cuchillas y provoquen graves heridas a las personas que buscan en Europa una vida mejor. Lo dijo la diputada popular Gema Conde: “Si la solución al problema de la inmigración ilegal fuera tan simple como eliminar los elementos disuasorios que garantizan las fronteras. Abramos todas las fronteras y, como dicen en mi tierra, ancha es Castilla”.
La inversión en las vallas

El Estado, a finales de los 90, había invertido ya un mínimo de 9.800 millones de pesetas (58,9 millones de euros) en la construcción de las vallas de Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados entonces por las delegaciones del Gobierno y manejadas actualmente por varias ONG. Algunas de estas, como APDHA, elevan la cifra hasta los 13.500 millones de pesetas. El Ejecutivo destinó 1,8 millones de euros entre 2001 y 2002 al perímetro fronterizo de Ceuta, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno recogida en el diario de sesiones del Congreso. Además, en 2004, España gastó 4,6 millones de euros en las verjas de ambas ciudades autónomas —datos facilitados en el Hemiciclo por José Antonio Alonso, exministro de Interior—. La primera crisis de las vallas supuso una inversión de 39 millones de euros en 2005. Este importe se redujo en los años siguientes, aunque el desembolso asciende a 32,8 millones entre 2006 y 2013, según las cifras manejadas por la Secretaría de Estado de Seguridad y facilitadas al Grupo Mixto en una respuesta parlamentaria. La tragedia de Tarajal y los saltos masivos de las vallas este 2014 se han traducido en un gasto extraordinario de 2,1 millones en ambas fronteras, como anunció el Gobierno de Rajoy.