Human Right Watch exige a España que aparte de sus funciones en la valla de Melilla a los guardias civiles que fueron grabados el pasado miércoles golpeando a un inmigrante mientras descendía de la reja, abra una investigación para esclarecer lo sucedido y de órdenes «inmediatamente» para suspender las devoluciones ilegales de migrantes a Marruecos. Considera que la Comisión Europea debería tomar medidas contra España.

En un comunicado lanzado a nivel internacional, se refiere al vídeo difundido por Prodein rodado el pasado miércoles que mostraba como un joven que esta ONG identifica como un camerunés llamado Danny, era golpeado hasta en diez ocasiones por los guardias civiles cuando bajaba de la valla por la escala que éstos habían apostado. El joven fue devuelto a Marruecos en volandas por un grupo de agentes en aparente estado de inconsciencia.

Para la investigadora senior de HRW en Europa occidental, Judith Sunderland, «las imágenes no pueden ser más claras ni más atroces». «España tiene que llamar al cese inmediato de estas actuaciones abusivas y Fiscalía tiene que investigar este horrible caso. Mientras no haya sido investigado a fondo, la Guardia Civil debería apartar a estos agentes de sus tareas en la frontera», ha sentenciado.

Asimismo, recuerdan que no es la primera vez en que tienen noticia de este tipo de situaciones, pues ya el 13 de agosto la organización recogió también en vídeo «dos incidentes de agentes de la guardia civil golpeando inmigrantes en el espacio entre la doble valla de la frontera y devolviendo por la fuerza a dos migrantes a territorio marroquí».

Para HRW, «las preocupaciones acerca de la violencia por parte de guardias fronterizos españoles se han agudizado a medida que España mejoraba el control de las fronteras en Ceuta y Melilla». Recuerda que el propio comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa se ha referido a este nuevo incidente como «otro ejemplo preocupante de los fallos de España en el tratamiento de los emigrantes» en las ciudades autónomas.

«Aunque afronten situaciones difíciles, los agentes de la Guardia Civil deben actuar con moderación y tomar todas las medidas posibles para minimizar las lesiones. Los agentes que participan en un uso inujustificado y desproporcionado de la violencia tienen que ser sancionados y, en caso necesario, procesados», reclama Sunderland.

La investigadora recuerda además, que la legislación española no permite las devoluciones sumarias de las personas interceptadas en el vallado fronterizo e incide en que «la idea del Gobierno de una frontera flexible basada en dónde se haya colocado un agente de la Guardia Civil es una conveniente y peligrosa ficción legal».