madrid. La ONU y la Unión Europea se unen a la denuncia de colectivos sociales y otras instituciones contra la decisión del Ministerio del Interior de continuar con las expulsiones en caliente sin mayores trámites burocráticos de los inmigrantes que superan las vallas fronterizas de Ceuta y, sobre todo, Melilla. Además, tras los episodios de violencia registrados en el asalto de 200 personas del pasado 15 de octubre en Melilla, en el que resultaron heridos agentes y subsaharianos, los organismos internacionales también critican a España por el «uso de la fuerza» para «disuadir del cruce de fronteras no autorizado».

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en una nota oficial fue especialmente duro al calificar de «preocupante» la «situación en la valla de Melilla durante los últimos intentos de entrada», sobre todo porque «los incidentes violentos relacionados con el control fronterizo» y las expulsiones sumarias sin previo paso por comisaría para conocer la situación de los inmigrantes «podrían estar impidiendo el acceso al territorio español y al procedimiento de asilo a personas que llegan a esta frontera sur de España huyendo de la guerra y de la persecución».

«No es la primera vez que se emplean métodos violentos contra quienes se encuentran en la valla de la frontera de Melilla, y que son retornados a Marruecos tras lograr saltar», se queja la agencia de la ONU.

ACNUR «reconoce la legitimidad de los estados para proteger y vigilar sus fronteras», pero «considera imprescindible que se lleve a cabo en un ambiente libre de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos». Por ello, insta a España a que «este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir».

Malmström

La Unión Europea, por su parte, en una nota a la que tuvo acceso este periódico, va aún más lejos en sus críticas a España. La todavía comisaria de Asuntos de Interior en la Comisión Europea, la sueca Anna Cecilia Malmström, recordó al Gobierno que «las medidas de vigilancia de las fronteras deben ser proporcionadas» y que «solo se puede utilizar la fuerza en caso necesario y en la medida en que lo exija el desempeño de las funciones de los agentes, con vistas a proteger su seguridad y sus vidas». O sea, que jamás «debe recurrirse a la fuerza para disuadir del cruce de fronteras no autorizado».

Malmström, quien ya tuvo un duro enfrentamiento con el ministro Jorge Fernández a cuenta de la muerte de quince subsaharianos en una playa ceutí, afea también al Gobierno que las expulsiones en caliente cercenan completamente la posibilidad de pedir asilo. «La vigilancia de las fronteras debe llevarse a cabo sin perjuicio de los derechos de las personas que soliciten protección internacional, en particular en lo que se refiere al principio de no devolución y al acceso efectivo al procedimiento de asilo», denunció la comisaria.

Las críticas de la Unión y de la ONU son casi idénticas a las que vertió la pasada semana el Consejo de Europa, que también denunció la ilegalidad de las expulsiones en caliente. El ministro del Interior, no obstante, siguió defendiendo ayer las polémicas deportaciones exprés y la contundencia de la Guardia Civil para evitar la violación del perímetro. Fernández Díaz aseguró que la actuación de los agentes el 15 de octubre fue «proporcional y adecuada» a los intentos de «intrusión masiva» de los inmigrantes y habida cuenta de la violencia que usaron.

El titular de Interior afirmó que algunos de los inmigrantes amenazaron a los funcionarios diciendo que tenían ébola.