Bilbao – La soledad del PP en su ofensiva por endurecer los requisitos para acceder a las ayudas sociales en Euskadi se ha topado no solo con el vacío del resto de partidos políticos, sino también con un mensaje sin fisuras desde la máxima institución del país, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y de su partido, el PNV, que se comprometieron ayer a blindar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en sus actuales términos: su mantenimiento es una “prioridad” del Gobierno vasco frente a los “embates” de los populares.

Así se expresó el propio Urkullu desde la tribuna del Parlamento Vasco a propósito de la campaña del PP de la CAV que cuestiona el reparto de estas ayudas sociales, y que impulsa desde la alcaldía de Gasteiz el también parlamentario Javier Maroto. El dirigente popular comenzó en julio la operación extendiendo la sombra de la sospecha sobre los supuestos “abusos” de los perceptores marroquíes y argelinos de la RGI para, en la última semana, ponerse al frente de una recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que endurece los requisitos para acogerse a estas prestaciones.

Un día después de que el partido de Arantza Quiroga se viera obligado a retirar un punto del pleno de la Cámara vasca debido al plante previsto por PNV, EH Bildu y PSE por la “estigmatización” que los populares están haciendo de la población inmigrante, el debate volvió al Parlamento de mano del lehendakari, en una fecha señalada además, ya que ayer se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Una “prioridad” En respuesta a una pregunta de EH Bildu sobre la feminización de la pobreza, el lehendakari proclamó que para el Gobierno vasco mantener las ayudas sociales es una “prioridad” a pesar, dijo, de las dificultades económicas y de “los embates de quienes no creen en la solidaridad hacia las personas que pasan situaciones de necesidad”. Aunque sin citar explícitamente al PP, el lehendakari siguió dirigiendo sus palabras a la bancada popular cuando instó a “dejar de alimentar polémicas estériles, a dejar de decir medias verdades, de utilizar la excepción como si fuera el todo y dejar de hacer propuestas demagógicas”.

“Tenemos que seguir poniendo en valor el sistema de protección que tenemos, porque de él depende la calidad de vida de miles de ciudadanos”, incidió. Tras asegurar que son familias a las que la solidaridad de la sociedad vasca “ayuda a mantenerse fuera de los umbrales de la marginación”, argumentó que su ejecutivo no dejará que “la pobreza se extienda en Euskadi”. Frente a la acusación extendida por el conjunto del PP vasco, Urkullu argumentó que “la realidad de la RGI no es el fraude, no es discriminar a nadie. La realidad de la RGI – explicó – son esas 65.000 familias a las que permite vivir con dignidad”, 28.000 de las cuales (el 43%) están compuestas por mujeres que viven solas o con hijos a su cargo, precisó.

La dirigente del PP Nerea Llanos salió al paso de las acusaciones del lehendakari, a quien dijo que hacen “demagogia” los que hacen ver que los populares cuestionan el sistema de ayudas sociales. Es, a su juicio, “todo lo contrario”. “Lo que hace el PP es defender y con fuerza ese sistema”.

El PNV también aprovechó la efeméride que pide en todo el mundo la erradicación de la pobreza para insistir, en línea con lo argumentado por el lehendakari, en que la RGI y otras ayudas son un patrimonio de los vascos, que han conseguido que la cohesión social en Euskadi “sea equivalente a las mejores de Europa”. Tras recordar que esta prestación cuenta con 25 años de recorrido tras ser aprobada por el gobierno del lehendakari José Antonio Ardanza, el PNV considera que “no es justo, ni humano, ni digno dejar a todas esas personas excluidas a su suerte solo porque hayan nacido en el seno de una familia pobre o un lugar lejano, o porque hayan tenido mala suerte en la vida”.

electoralismo o insolidaridad En una declaración del Euzkadi Buru Ba – tzar impregnada de una solemnidad propia de las grandes ocasiones, la formación jeltzale aludió asimismo al PP – aunque tampoco lo citó expresamente – para echar por tierra las sospechas proyectadas por los populares. “Agitar los argumentos” de una gestión mejorable, del coste de la RGI y del supuesto fraude “para poner en duda todo el sistema”, aseguró el PNV, “solo responde a una de estas dos razones, o a ambas juntas: a un cálculo electoral que ceba y alimenta la insolidaridad y la xenofobia, o a la convicción de que las personas pobres y marginadas no merecen nuestra solidaridad”.

Y es que la patrimonialización que ha hecho Javier Maroto de la petición para endurecer la RGI deja bien a la vista las costuras de una estrategia diseñada para captar votos en las elecciones municipales de mayo, en las que el alcalde de Gasteiz optará a la reelección. No es casualidad además que el PP vaya a enfrentarse en los comicios al directo responsable de la RGI, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, que luchará por la alcaldía de Bilbao encabezando la candidatura jeltzale.

Tras asegurar que el PNV “no consentirá” que miles de personas queden en la calle desnudas de empleo, de vivienda, de ingresos, solas en su marginación”, el EBB recordó la “inspiración humanista” de un partido que “ha puesto el desarrollo humano en el centro de su actuación política”. Sin solidaridad, remató, “no hay políticas sociales, no hay construcción social, no es posible la construcción nacional”.

También el Ararteko, Iñigo Lamarca, hizo pública una declaración institucional en la que defendió la reforma de la RGI pero no en el sentido que propone el PP, sino “para que llegue a más familias necesitadas”. Lamarca precisó que “los datos objetivos indican que el nivel de fraude en la prestación de la RGI se sitúa en niveles muy bajos e inferiores a los relativos al fraude fiscal”.

Encontronazo de urkullu