madrid. Las imágenes la Guardia Civil golpeando con sus porras a un inmigrante que descendía de la valla de Melilla y la deportación en caliente a Marruecos de ese extracomunitario aparentemente inconsciente han provocado el enfado de Europa, al tiempo que arrecian las críticas también en España a la actuación del instituto armado y a la insistencia de Interior de continuar con estas expulsiones exprés, a las que considera meros rechazos en frontera.

El comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, fue especialmente duro. En una nota oficial denunció sin ambages que la actuación de la Guardia Civil y del Gobierno en la crisis de la valla son «incompatibles» con el respeto a los «derechos humanos». «Los acontecimientos de Melilla, donde la Guardia Civil usó la violencia contra varios inmigrantes y los devolvió a Marruecos sin evaluar sus necesidades o la posibilidad de que pidieran asilo, son un ejemplo más de los preocupantes fallos en el tratamiento de los inmigrantes en España», aseguró el organismo europeo.

«Ilegal»

«Cuando los inmigrantes llegan a un país de Europa, las autoridades tienen el deber de examinar su situación individual y permitirles buscar asilo», recuerda. «Es ilegal que un estado se limite a devolver al inmigrante sin más», insistió. «España no ha respetado sus obligaciones internacionales en este campo y, por desgracia, no es la primera vez», añadió Muiznieks.

El Consejo de Europa consideró «necesaria» una «investigación para establecer la responsabilidad» de «la violencia policial» vivida en la valla. En el plano doméstico, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, denunció que no hubo «un uso proporcional de la fuerza», sino «directamente violencia» en la actuación de la Guardia Civil y anunció que su grupo pedirá la comparecencia del Gobierno para que explique las «imágenes espeluznantes de un inmigrante bajando por una escalerilla al que se agrede innecesaria e inhumanamente».

Por su parte, 70 organizaciones de derechos humanos, el Consejo General de la Abogacía y el adjunto primero al Defensor del Pueblo reclamaron el fin inmediato de las deportaciones en caliente, un protocolo para poner fin a estas devoluciones y una investigación sobre la actuación del instituto armado en los sucesos del pasado miércoles.